El esquema institucional de la vitivinicultura argentina sufrió este martes un cambio de paradigma. El Gobierno nacional, mediante la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, formalizó el cierre definitivo del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI) y dispuso el cese inmediato de las contribuciones obligatorias que financiaban a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR).
El Gobierno nacional pone fin al financiamiento obligatorio de la COVIAR y cierra el Plan Estratégico Vitivinícola
La medida redefine el rol de la Corporación Vitivinícola Argentina tras años de conflictos internos en el sector.
La decisión oficial se fundamenta en que el PEVI tenía un horizonte temporal taxativo hasta el año 2020. Según el texto administrativo, cualquier extensión del plan requería una aprobación estatal que no se concretó formalmente. Por ello, el Ejecutivo consideró la actualización hacia el "PEVI 2030" como una simple solicitud de prórroga que ahora se da por concluida.
El fin del "aporte obligatorio"
El punto de mayor impacto económico es la eliminación de las contribuciones establecidas por la Ley 25.849. Hasta hoy, todos los establecimientos vitivinícolas del país estaban obligados a financiar a la COVIAR bajo riesgo de ver inmovilizadas sus operaciones comerciales en caso de mora.
Con esta normativa:
Se instruye al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) a dejar de recaudar dichos aportes.
Los fondos remanentes deberán ser transferidos al INV como autoridad de aplicación.
La COVIAR dispone de tres meses para presentar una rendición de cuentas final y un informe de cumplimiento de metas.
Una crisis de representatividad
La resolución del Gobierno llega tras años de fuertes tensiones internas. Grandes actores del sector, como Bodegas de Argentina (quien se retiró de la entidad en 2019) y el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, venían denunciando una "falta de transparencia" y el fracaso en objetivos clave, como la recuperación del consumo interno y la integración de pequeños productores.
Desde el Ejecutivo se tildaba a esta contribución como un "peaje" que asfixiaba la competitividad. A pesar de los intentos de mediación durante 2024 para transformar los aportes en voluntarios, la falta de consenso aceleró la vía administrativa para clausurar el financiamiento forzoso.
"La medida no implica la disolución de COVIAR, que mantendrá su personería jurídica, pero pierde el instrumento central que le daba sentido operativo: la ejecución del plan estratégico financiado por el sector."
La defensa de la Corporación
Por su parte, desde COVIAR han rechazado históricamente las críticas, atribuyendo el incumplimiento de ciertas metas a variables macroeconómicas ajenas a la gestión, como la inflación y el atraso cambiario. Asimismo, destacan hitos como el programa PROVIAR, que canalizó inversiones millonarias para infraestructura de riego en pequeños viñedos.
Pese a que la entidad sostiene que la ley no establecía plazos de caducidad para su financiamiento, la resolución de este martes marca el cierre de una etapa de 20 años de gestión público-privada centralizada, abriendo un escenario de incertidumbre sobre cómo se financiará de ahora en más la promoción del vino argentino en el mundo.