La tensión entre San Juan y La Rioja por el emprendimiento minero Vicuña, ubicado en el departamento de Iglesia, escaló en las últimas horas tras la sorpresiva resolución de una jueza de Chilecito. Ante esto, el Gobierno de San Juan rompió el silencio y, por voz del vicegobernador Fabián Martín, marcó una postura firme: la medida judicial es inoportuna y está desconectada de la realidad operativa del proyecto.
Fabián Martín sobre el conflicto con Vicuña: "Me parece que el Gobierno de La Rioja está alejado de la realidad"
En rueda de prensa, el vicegobernador se refirió a la resolución de la Justicia de La Rioja.
"Me parece que el Gobierno de La Rioja está alejado de la realidad. Es una situación incómoda para nosotros", sentenció Martín durante una rueda de prensa, donde dejó en claro que la administración de Marcelo Orrego priorizará las vías institucionales y el diálogo antes que una confrontación judicial directa. "Tiene que primar el diálogo y resolverlo en ese sentido para que pase rápidamente al olvido. La provincia tiene su postura y define los derechos de San Juan", agregó el funcionario.
El malestar oficial surge luego de que la Justicia de La Rioja ordenara la suspensión, por el término de 30 días, de las actividades del proyecto "Vicuña" y prohibiera la circulación de maquinarias y vehículos de la empresa a través del corredor vial que atraviesa territorio riojano (específicamente la traza Guandacol – Santa Elena – Zapallar – Las Cuevas – La Ciénaga).
La decisión judicial dio lugar a un planteo presentado por el Fiscal de Estado de La Rioja, Segundo Emilio Rodríguez, bajo la administración del gobernador peronista Ricardo Quintela. En su escrito, las autoridades riojanas solicitaron una "medida autosatisfactiva" argumentando un presunto "extremo peligro" ante un posible impacto ambiental en su provincia, a pesar de que el emprendimiento está asentado en suelo sanjuanino, a apenas un kilómetro y medio del límite interprovincial. La demanda exige que la empresa presente un Informe de Impacto Ambiental completo ante las autoridades riojanas.
La postura de San Juan
A pesar de la gravedad de la resolución judicial que busca paralizar las tareas, en la Casa de Gobierno de San Juan reina la cautela técnica. Desde la Fiscalía de Estado, encabezada por Sebastián Dávila, confirmaron que se están analizando los pormenores de la causa para determinar si es pertinente una intervención oficial.
No obstante, el Ejecutivo provincial aclaró un punto clave: hasta este martes no habían sido notificados formalmente de la medida. "No tenemos margen sobre qué actuar", explicaron fuentes oficiales, evidenciando que la estrategia riojana ha avanzado por canales judiciales sin el debido aviso a las autoridades sanjuaninas competentes.
Por ahora, el Gobierno provincial mantiene su apuesta por una resolución diplomática, enfocada en la defensa de los derechos de San Juan sobre sus recursos y sus proyectos mineros, buscando evitar que un conflicto de jurisdicción se transforme en un freno para la actividad productiva en Iglesia.