RIGI

Gustavo Fernández sobre los cambios en el RIGI: "No tienen ningún impacto en la ley minera de San Juan"

El ministro de Producción aseguró que el cambio nacional no modifica el esquema para proveedores sanjuaninos. Además, dijo que el decreto reglamentario provincial está en su etapa final.

Por Redacción Diario de Cuyo 17 de noviembre de 2026 - 15:24

El ministro de Producción, Gustavo Fernández, aseguró que la reciente modificación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) “no tiene ningún impacto” sobre la Ley de Desarrollo Minero Local de San Juan. En diálogo con 0264 Radio, sostuvo que el esquema provincial mantiene intactos sus objetivos para empleo, proveedores e inversión local.

La aclaración llegó después de que el Gobierno nacional modificara mediante el Decreto 1366/2026 la definición de proveedor local dentro del RIGI. A partir de ahora, una sociedad puede ser considerada local si está constituida y domiciliada en Argentina, sin que importe la nacionalidad de sus accionistas ni la composición de su capital.

El cambio despertó inquietud entre sectores proveedores ante la posibilidad de que filiales de compañías extranjeras compitan por el porcentaje mínimo de contratación nacional exigido por el régimen. Fernández diferenció, sin embargo, ese concepto nacional de la normativa desarrollada específicamente para San Juan.

“No altera ninguna de las lógicas” de la ley provincial

“A los efectos de lo que está contemplado en la Ley Provincial de Desarrollo Local Minero, la modificación que ha introducido el Gobierno Nacional no tiene ningún impacto”, afirmó Fernández. Según explicó, tampoco cambia “ninguna de las lógicas ni el espíritu” con el que fue diseñada la legislación sanjuanina.

El ministro remarcó que la norma provincial no funciona como una “ley cerrojo” ni establece cupos obligatorios. En cambio, obliga a las empresas mineras a presentar planes de desarrollo de empleo y proveedores locales, identificar sus necesidades y contrastarlas con la oferta existente para establecer objetivos progresivos.

La legislación establece como referencias un objetivo de 80% de empleo local y 60% de adquisiciones sobre la oferta disponible de bienes y servicios provinciales. Alcanzar ambos parámetros permite a las compañías acceder a un crédito fiscal que pueden utilizar para impuestos provinciales o transferir a proveedores sanjuaninos con los que trabajan.

Qué cambia con el RIGI y por qué Fernández no ve un perjuicio para San Juan

Hasta ahora, para que una sociedad fuera considerada proveedor local dentro del RIGI debía cumplir también con una condición vinculada a la participación mayoritaria de capital nacional. El nuevo decreto eliminó ese requisito y puso el foco en que la empresa esté constituida y domiciliada en Argentina, además de exigir criterios de origen nacional cuando se trate de bienes.

Para Fernández, ese criterio se acerca a una lógica que San Juan ya había incorporado. “La localidad no se define solo por un domicilio en un documento o en un estatuto societario”, explicó. La provincia busca considerar también el arraigo, las inversiones realizadas y el valor agregado generado dentro del territorio sanjuanino.

Según el funcionario, una compañía que realiza inversiones, genera actividad y agrega valor en San Juan puede cumplir con las condiciones para ser reconocida dentro del esquema provincial, aunque su estructura societaria tenga participación extranjera.

Fernández ejemplificó esa situación con las empresas productoras de cal para la minería. Señaló que firmas como Calidra y Calera San Juan, debido a la composición extranjera de su capital, podían quedar afuera de la anterior definición nacional aun cuando poseen inversiones y actividad productiva en la provincia.

“Lo que nos importa es que se invierta y se agregue valor en San Juan”, resumió. Para el ministro, limitar el concepto exclusivamente al origen del capital puede dejar fuera a empresas que poseen plantas, generan puestos de trabajo y desarrollan procesos productivos dentro de la provincia.

La diferencia entre un proveedor argentino y uno sanjuanino

Fernández también marcó una distinción que considera central para interpretar la discusión. Cuando el RIGI establece la obligación de adquirir al menos un 20% a proveedores locales, utiliza la palabra “local” como equivalente a proveedores argentinos, y no necesariamente a empresas radicadas en la provincia donde funciona el proyecto.

En términos prácticos, explicó, un proyecto podría cumplir con el requisito nacional comprando a empresas argentinas de distintas provincias aunque no contrate proveedores del territorio donde desarrolla la inversión.

San Juan busca ir más allá de ese piso mediante su propia legislación. “Nosotros apuntamos a exceder los objetivos que el RIGI planteaba para todo el país, que eran esos 20%”, señaló Fernández, al insistir en que la modificación nacional no cambia los objetivos establecidos para la participación de proveedores provinciales.

El ministro reconoció que el nuevo escenario deberá ser monitoreado para evitar posibles distorsiones. Si bien consideró válido incorporar empresas con inversiones y arraigo real en el país, señaló que será necesario seguir la aplicación de la normativa para prevenir “usos malintencionados o aprovechamientos en exceso” de la nueva definición.

La reglamentación de la ley sanjuanina entró en su última etapa

Fernández también dio precisiones sobre uno de los principales reclamos de las cámaras de proveedores: cuándo comenzará a aplicarse plenamente la Ley de Desarrollo Minero Local.

El funcionario confirmó que la semana pasada hubo una reunión de trabajo entre los ministerios de Producción y Minería y la Asesoría Letrada de Gobierno para revisar las últimas observaciones realizadas al proyecto de reglamentación.

La propuesta de decreto ya fue elevada para realizar los últimos ajustes técnicos y legales. “El camino técnico ya ha sido recorrido”, aseguró Fernández, y agregó que solo resta verificar aspectos formales antes de elevar el texto al gobernador Marcelo Orrego para su firma.

De concretarse ese paso, la provincia contará con la herramienta reglamentaria necesaria para comenzar a instrumentar los planes de desarrollo de proveedores y empleo previstos por la ley, en momentos en que los grandes proyectos mineros avanzan y la discusión por cuánto de esa inversión permanecerá en San Juan gana peso dentro del sector.

Fuente: 0264 Radio

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