La Rioja vs. Vicuña: la cronología del conflicto y qué puede pasar en el futuro

Esta vez las razones que esgrime el gobierno vecino tienen que ver con la cercanía, ya que dicen que la actividad será a un kilómetro y medio. Antes se justificó en el uso de agua, hubo pedidos por regalías compartidas y hasta reclamos territoriales.

Hasta ahora, ninguno había incorporado a la Justicia, lo que cambió con un fallo de una jueza de cámara, del que todavía no se conoce el alcance. Abogados especializados en el sector minero, consultados por este medio, coincidieron en que el camino que inició La Rioja en tribunales podría quedar en la nada.

Años de idas y vueltas entre La Rioja y Vicuña

Si bien desde el sector aseguran que hubo varios cruces más entre el proyecto minero, que hoy es Vicuña tras haber unido los yacimientos Filo del Sol y Josemaría y el ingreso de BHP, los de mayor impacto en los últimos años son tres. Se dieron en 2021, 2025 y en 2026.

La primera vez que llegaron a medios locales y nacionales las intenciones de La Rioja de participar en las decisiones del proyecto de cobre fue en el año 2021. En ese momento los reclamos fueron políticos: el gobernador Ricardo Quintela dijo abiertamente que San Juan debía ser solidario con sus vecinos en los beneficios de la mina.

Los argumentos de los funcionarios tenían que ver con que el proyecto podía llegar a tener incidencia directa en las cuencas riojanas, ya que se hablaba del uso de un río compartido. Finalmente, la decisión de la empresa fue de usar solo aguas subterráneas, de acuíferos cordilleranos ubicados en San Juan.

El escenario político en ese momento estaba conformado por actores aliados: gobernaba Sergio Uñac en la provincia y Alberto Fernández en la Nación, por lo que todos integraban el peronismo. Aun así, hubo idas y vueltas de declaraciones, pero no acciones formales. Eso sí, quedó sentada la postura riojana.

El siguiente momento clave fue en 2025, cuando ya no había un único color político. El peronista Quintela planteó un reclamo a Marcelo Orrego, de Producción y Trabajo, mientras a nivel nacional gobierna Javier Milei, de un espacio distinto a los dos gobernadores. No hay un árbitro como fue en su momento Fernández, que respaldó a San Juan.

Este segundo reclamo retomó un argumento más sensible: en La Rioja reclaman que el lugar donde están los yacimientos de cobre, oro y plata les pertenece. La provincia basa ese reclamo en que en 1968 los gobernadores de ambas provincias, Enrique Gómez Centurion y Guillermo Iribarren, acordaron mover el límite, dejando esa zona como territorio sanjuanino.

En ese momento el gobernador Quintela dijo que iban a avanzar a través de vías judiciales para declarar esa decisión ilegal, con la intención de recibir los beneficios del proyecto. Los cruces quedaron en el ámbito político y no se avanzó en tribunales, lo que sí sucedió este abril.

Un reclamo que terminó en un fallo en la Justicia riojana

A través de la fiscalía de Estado, La Rioja hizo un reclamo contra la empresa Vicuña Corp, al que una magistrada provincial dio lugar y falló a favor. El pedido oficial era para que se frene la actividad en el proyecto, que avanza en este momento con tareas de reconstrucción e inversiones programadas solo para este año de casi 1.000 millones de dólares.

El secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, habló con DIARIO DE CUYO sobre el fallo, una medida autosatisfactiva, que implica una decisión urgente por parte de la justicia. Esta exige al proyecto minero dos cosas: suspender el trabajo en el sitio, excepto las tareas de mantenimiento y seguridad, y prohíbe el uso de la ruta provincial y los caminos por territorio riojano a la compañía.

El funcionario dijo que el conflicto actual es el resultado de negociaciones fallidas con la empresa minera. En primer lugar, señaló que hubo diferencias en cuanto a la habilitación del uso del camino, para el que la empresa tenía una declaración de Impacto Ambiental aprobada, pero que al momento de renovarla hubo incumplimientos de mejoras que habían acordado, pero sobre todo, dijo que no lograron “una relación armónica de colaboración”.

A esto se sumó que la provincia vecina no logró uno de sus objetivos principales, que era que presentaran un informe de Impacto Ambiental a las autoridades riojanas. Buscan estudiar los posibles impactos que tenga la actividad en su territorio, ya que creen que al estar cerca del límite podría haber efectos negativos por el uso del agua, el polvo en suspensión o impactos en flora y fauna.

Azulay dijo que en la actualidad trabajan desde la base del potencial impacto. Esto es lo que entienden que sucederá una vez que empiece el trabajo de extracción, lo que podría suceder cerca de 2030 según la empresa. No tienen detallados cuáles serían estos efectos concretos y por eso quieren que se presente un informe, para evaluar lo que podría suceder en el futuro.

Según dijo, si la empresa presenta el Informe de Impacto Ambiental los técnicos y autoridades rionajas lo analizarán, pero mientras tanto quedará sin efecto la medida que pide suspender la actividad. Además, aseguró que hoy no ven una alternativa que no sea la evaluación en la provincia vecina, ya que no lograron avanzar por medio del diálogo ni con la empresa ni con el gobierno local.

La Rioja pidió a la empresa que haga esta presentación, pero la compañía argumenta que el proyecto está en San Juan y por lo tanto no corresponde la presentación en el gobierno vecino. Este es el centro de la discusión de origen: si un emprendimiento que está en un 100% en territorio de una jurisdicción puede ser evaluado por otra.

Segmentación de impacto o intervención injustificada

Una vez que la empresa no aceptó presentar un nuevo informe de impacto ambiental en otra provincia, desde la provincia de La Rioja decidieron avanzar con la medida judicial. Azulay dijo que en su criterio este es un caso de segmentación de impacto, esto quiere decir que no se está analizando parte de los efectos del proyectos por estar del otro lado de un límite, que es “una línea imaginaria”.

No está claro si esto es así, ya que se debe probar que las actividades de Vicuña tendrán un efecto en la provincia vecina. Especialistas legales consultados en off por DIARIO DE CUYO aseguraron que esto es poco probable porque cuando se presenta un informe de impacto ambiental se tiene en cuenta la zona de impacto directo o indirecto y si estas llegan a otras provincias, se tiene en cuenta. En cambio, en el caso de Vicuña, no se dio este paso.

Para La Rioja, la solución es una presentación en su provincia de un informe integral, esto es de todas las actividades. Además, dijo Azulay, conocer los impactos negativos es clave para definir cómo la empresa podrá compensar con impactos positivos a las poblaciones que consideran afectadas.

Lo cierto es que no hay antecedentes en el sector minero donde una provincia exija un informe y evaluación basándose solo en cercanía. Existen sí antecedentes de provincias que hicieron evaluaciones en paralelo, de proyectos biprovinciales, como es el de una explotación de litio en el límite entre Salta y Catamarca. También hay un caso binacional, el de Pascua - Lama entre San Juan y Chile.

Para evitar complejidades, en estos casos no hubo una presentación integral a cada uno de los estados provinciales o incluso nacional en caso de Chile. Cada jurisdicción analizó la parte que se encontraba dentro de su territorio.

Hasta ahora en el caso de San Juan y La Rioja estaba funcionando con este esquema. Hubo declaraciones de impacto ambiental positivas de los dos lados del límite: la del proyecto integral otorgada por el ministerio sanjuanino y la del camino por la oficina riojana. Incluso, las autoridades vecinas pudieron negar la renovación de la autorización de uso del camino mientras las locales aprobaron la evaluación integral.

La ruptura de este sistema podría darse por la decisión judicial riojana, que no solo apunta a frenar la actividad en su territorio, sino que también exige hacerlo en la parte sanjuanina. Esa es una duda central del tema, ya que no está claro si la jueza que firmó el fallo es competente en este caso.

Las dudas legales que quedan para el futuro

Por pedido del Fiscal de Estado de La Rioja, Segundo Emilio Rodríguez, y su adjunto Gustavo Roque Ibarra, la jueza de Cámara de Chilecito María Greta Decker, exigió a la empresa Vicuña frenar sus actividades en San Juan, además de las que tiene en La Rioja. Hasta el pasado viernes la empresa no había sido notificada formalmente, por lo que no se veía en la obligación de obedecer a este fallo.

A futuro, no está claro si deberá hacer caso a esta exigencia de paralizar la actividad. Según Azulay, el fallo tiene alcance para la empresa, pero otros abogados especializados en la materia no lo vieron de la misma manera.

Entre los puntos que es necesario analizar es primero si la magistrada que aceptó el pedido de los fiscales de Estado tiene competencias en el tipo de actividad que realiza la empresa Vicuña. A su vez, no está claro que una funcionaria judicial de La Rioja pueda tomar decisiones que afecten a actividades en San Juan, o si están dadas las condiciones para que así sea.

Por otro lado, el tipo de medida tomada, de tipo autosatisfactiva, si bien no es una cautelar, comparte alguna de sus características, como por ejemplo, que debe ser de urgencia y por lo tanto se debe probar esta necesidad urgente. Esto no está tan claro, ya que las autoridades riojanas hablan de que están buscando prevenir impactos que se darán durante la producción del proyecto, que no iniciará hasta la próxima década.

Qué sucederá y la preocupación local

Todos estos puntos legales se verán en el momento en que la compañía sea debidamente notificada. Hasta el momento, desde el Gobierno de San Juan no hay una decisión de entrar en el proceso legal, aunque sí instaron a la minera a avanzar y terminar el camino que va por San Juan.

Por otro lado, crece la preocupación sobre cuáles pueden ser los efectos negativos de la decisión riojana de ir a la Justicia. Desde el sector empresarial hablaron de “una bola de nieve que no se sabe dónde puede parar”.

En la provincia proveedores también cerraron filas defendiendo el avance del proyecto. Desde CASEMI la crítica a La Rioja fue porque “nos ha costado muchísimo llegar a esta instancia de avance para que ahora se ponga en riesgo”. Lo mismo dijeron cámaras de proveedores y trabajadores mineros riojanos, que se mostraron en contra de la acción judicial. Desde el gobierno provincial uno de los más duros fue Gustavo Fernández, quien no descartó motivos políticos y apoyo de la oposición local en la decisión.