Ante la caótica situación económica y financiera en la que se encuentran el país y la provincia no hay lugar para que algunos sectores que han actuado a favor de este descalabro, ya sea por acción u omisión, salgan ahora a cuestionar las medidas de gobierno que deben ser tomadas inevitablemente para tratar de evitar una catástrofe. La posición asumida por el Sindicato de Empleados Públicos de la provincia (SEP), de declararse en estado de alerta y movilización ante las primeras acciones del gobierno de Marcelo Orrego, de dejar sin efecto los pases a planta permanente realizados en los últimos 6 meses, es una actitud demagógica con la que se pretende colocar "palos en la rueda" a una medida tendiente a evitar el sobredimensionamiento del Estado, que está en plena sintonía con lo que se quiere lograr a nivel nacional, en relación a la reducción del déficit fiscal.
Esta medida del gobierno de San Juan sumada al anuncio de una reducción del 30% de planta política que efectuó el gobernador Orrego durante el acto de asunción, colocan a la provincia entre una de las primeras en efectivizar un achique de la estructura estatal con el fin de efectivizar un ahorro real que posibilite ir equilibrando las cuentas.
Ante esta necesidad, un gremio como el SEP debe llamarse a la reflexión y no actuar intempestivamente sin analizar bien los motivos que están llevando a este sinceramiento del empleo público, especialmente cuando este tipo de medidas están siendo reclamadas por toda la comunidad tal cual lo reflejó una encuesta de este diario, que arrojó que el más del 80% de los consultados están de acuerdo con esta reducción.
Los nombramientos cuestionados suman más de 2.000 y se realizaron dentro de los últimos seis meses, período que no está contemplado por la ley de responsabilidad fiscal donde de manera taxativa se establece que seis meses antes de la asunción de otro nuevo mandatario, se pueden generar nombramientos. Además se ha calculado que al año esas designaciones implican un gasto de más de $10.000 millones, una cifra a tener en cuenta y que justifica plenamente el ahorro que se pretende.
El SEP debe considerar la posición asumida por otras entidades gremiales estatales, entre ellas UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) que por lo pronto ha salido a respaldar las medidas del gobernador Orrego, hasta tanto se analicen en detalle los números con que cuenta la provincia, para recién tomar una posición respecto de la reducción de personal. Sin duda una actitud más conciliadora que se diferencia de la plena confrontación que ha planteado el Sindicato de Empleados Públicos, una entidad a la que no le corresponde cuestionar una acción de gobierno especialmente cuando lo que se está haciendo es dejar sin efecto nombramientos que resultan injustos e ilegales, por haberse realizado en un marco que está totalmente fuera de la ley.