En los últimos dos años de gobierno se viene insistiendo con la necesidad de reducir el gasto público, señalado como uno de los principales males que afectan a nuestra economía, sin que se haya logrado un avance concreto. Se sabe que los principales factores del déficit fiscal están en los subsidios a los servicios públicos, el gasto del sistema previsional y la excesiva planta de personal en distintos estamentos de la Administración Pública, entre otras erogaciones. Abordar cada uno de estos temas le viene costando al Gobierno nacional un desgaste, que en cierta forma es compartido con las provincias que se han sumado a un sinceramiento del gasto público al adherir al Pacto Fiscal.


De las variables de ajuste se han logrado avances en el tema tarifario y en el de las jubilaciones quedando pendiente el de la planta de personal en el que, si bien desde el 2015 se ha prescindido a nivel nacional de 22.000 agentes, esta cifra es irrisoria si consideramos que el total de empleados públicos en el país, entre nacionales, provinciales y municipales, asciende a 3.540.000.


San Juan se encuentra dentro del grupo de provincias que destina entre un 50 o 60% de su presupuesto en el pago de salarios a empleados de la administración pública. Si bien no es una de las más complicadas, en función del Pacto Fiscal y de otras necesidades deberá encarar en el resto de la gestión un ajuste del gasto público que le permita disponer de fondos para las inversiones que son necesaria en la provincia. Pero no sólo se requiere una reducción del número de empleados públicos, sino que se debería implementar un plan integral de aprovechamiento de recursos y reasignación de funciones, en base a un estudio de disponibilidades y necesidades del sector público que podría encararse con la colaboración de expertos en administración de la UNSJ o de otros organismos competentes.


Hay que lograr que el Estado provincial simplifique todo tipo de trámites y gestiones tanto para el sector empresarial como para el público en general. Tanto en la Nación como en la provincia, está haciendo falta un censo específico para precisar el número y la calidad de los recursos humanos, dónde sobra y falta gente, capacitada o sin capacitar, como paso previo a programas de mediano o largo plazo vinculados al gradualismo impuesto por el Gobierno.


Esta es la única forma de garantizar un achique del Estado que no afecte el funcionamiento del país. Se trata de encontrar un sinceramiento que apunte a lograr un Estado que sea más eficiente y que no ofrezca trabas a quienes desean producir.