El país atraviesa por una de las etapas más complicadas desde la asunción del actual gobierno, en la que es necesario definir medidas que ayuden a equilibrar la marcha y, a la vez, marcar el rumbo a seguir en el futuro. La discusión está planteada en varios aspectos y comprende a numerosos sectores de la vida nacional que hasta ahora han dado muestras de poca predisposición a ceder en beneficio del bien común, prerrogativas que consideran, erróneamente, como propias y enajenables.

El tema de las tarifas que nos ocupa en estos días es una muestra de lo difícil que resulta hacer entender que es necesario reactualizar sus valores para emprender la recuperación de servicios que se están prestando ineficientemente. Mientras que los sectores de la oposición política intentan doblarle el brazo al Gobierno haciendo que suspenda la reactualización tarifaria, hay otros sectores como las cámaras empresariales que ven la necesidad de que el Gobierno continúe con la política tarifaria, más allá de que ellos mismos están sufiendo este ajuste. Esta misma actitud debería ser asumida por todos los gobiernos de provincia, que no están colaborando como corresponde con el esfuerzo que se les ha pedido desde la Nación en torno al tema tarifario, y están dilatando una definición que ya se tendría que haber concretado para no obstaculizar los planes del gobierno central.

Otro ejemplo lo constituye la discusión que ya se ha comenzado a plantear entorno a la reforma laboral, especialmente en lo concerniente al tema de las indemnizaciones. En término tajantes, desde el sindicalismo se ha dicho que no se va a permitir ninguna modificación de fondo a la actual legislación laboral. Una actitud que va a generar fuertes enfrentamientos teniendo en cuenta que el Gobierno intentará, por todos los medios, proceder con la reforma, al entender que es la única forma de generar las condiciones apropiadas para la creación de nuevos empleos. Está comprobado que con el actual esquema laboral se hace muy difícil que los empleadores tomen más personal y eso es algo que el sindicalismo debe comprender para llegar a establecer un acuerdo en beneficio del sector trabajador.

Hasta ahora, la mayoría de los sectores de la vida nacional han dado muestras de la poca predisposición a ceder posiciones en beneficio del bien común.

La intolerancia sectorial reflejada en la protesta social es otras de las actitudes en la que se debería ceder, para dejar de dañar al prójimo con acciones como los piquetes, cortes de calles o manifestaciones en espacios públicos o frente a reparticiones estatales. Reemplazar la protesta en la vía pública por el diálogo en busca de un consenso, es mostrar mayor civilidad y pretender que las cosas se encarrilen favorablemente.

La mala situación del país implica que cada sector, incluido el Gobierno, debería ceder en algo sus pretensiones, para poder alcanzar un consenso que sea beneficioso y que ayude al reencausamiento del país. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los países la relación entre el gobierno y los ciudadanos se basa en un contrato social no escrito basado en el "qué me das y qué te doy". En la Argentina esta consigna está un poco trastocada y sólo cuenta el "qué me das", poniendo en evidencia nuestra poca predisposición para contribuir con el país, cuando más lo necesita.