El cobro mensual del consumo eléctrico en general, en nuestra provincia, es motivo de una vieja protesta de los usuarios por la utilización de la boleta con propósitos recaudatorios de impuestos y contribuciones, fuera del IVA, que nada tienen que ver con la prestación de este servicio público prioritario. Es así que en muchos casos el costo de la energía neta facturada es menor a las cargas tributarias agregadas y todo suma un total que se debe pagar en tiempo y forma so pena de cortar el suministro.

Uno de los picos del malestar de la población por este absurdo recaudador fue hace dos años cuando las tarifas eléctricas aumentaron hasta hacerlas insostenibles para el riego agrícola y familias de bajos recursos, intercediendo entonces el gobernar Sergio Uñac ante los intendentes municipales para eximir de los cargos a la tarifa social y sectores productivos. Ahora, en el marco del Acuerdo San Juan los polémicos agregados fiscales están sobre la mesa del consenso, donde se reúnen las 16 cámaras empresarias que amenazaron apelar a la Justicia por la exacción.

El gobernador adelantó que enviará un proyecto a Diputados para sacar algunos tributos, pero los intendentes se resisten porque argumentan que nadie pagará las contribuciones si no están adjuntas a la luz y los municipios quedarían desfinanciados, lo cual no habla bien de la eficiencia que debe tener una gestión comunal. Por eso las entidades empresarias y sectores productivos cuestionan la legitimidad de estas cargas y reclaman eliminarlas para reducir el impacto en la eficiencia productiva.

Si bien los impuestos y contribuciones responden a leyes que en algún momento pudieron justificarse para atender emergencias financieras puntuales nunca se puso fecha de caducidad y se mantuvieron en el tiempo. Esto pasó con el Fondo Solidario Hospitalario y la percepción del Lote Hogar, aunque hace décadas desapareció esta operatoria de vivienda, y nunca se supo hasta cuando se cobrarán los aportes para la Línea de Interconexión en 500 kV y el Fondo Plan e Infraestructura PIEDE.

Tampoco aquellos legisladores analizaron hasta dónde el bien común que pudo inspirar las polémicas normas podía convertirse en una exacción insostenible aun que le hayan dado legitimidad debido al peso de la mayoría. Por eso resulta gratificante hacer lugar al planteo formulado en la mesa del Acuerdo San Juan, que tendrá que ser analizado, como reconoce la ministra de Gobierno Fabiola Aubone.