Más allá de los aciertos y desaciertos que pueda haber tenido la actual gestión de gobierno, puede asegurarse que en materia energética logró revertir la crisis que afrontaba el país antes del 2015 y sentar las bases para un futuro desarrollo, con lo que se tendrán que comprometer los futuros gobierno, sin distinciones respecto del signo político al que pertenezcan.

Al enumerar cada uno de esos logros se puede señalar que en un primer lugar se redujo el déficit de la balanza comercial energética de U$S 7.000 millones a U$S 2.000 millones, con perspectivas de transformarla en positiva en dos años más. También se redujo la cantidad y duración de los cortes de luz en un 40 por ciento.

En un segundo término se trajeron inversiones para el sector petrolero que posibilitaron terminar con la caída de la producción y reserva de gas y petróleo. De la misma forma se introdujo una masiva incorporación de energías renovables con un aporte en la generación de electricidad de un 8 por ciento. 

En tercer lugar mejoraron los compromisos en materia de generación nuclear e hidroelectricidad en el Río Santa Cruz que la anterior gestión asumió con la República de China y, lo que es muy importante, reinició la exportación de gas a Chile, después de 15 años de haber sido canceladas intempestivamente, y de electricidad a Brasil. Dentro de estos avances, al haber aumentado la producción de gas, se prescindió del buque regasificador anclado desde 2008 en Bahía Blanca con un costo de U$S 1.200 millones.

En cuarto término se inició el proceso de eliminación de Enarsa y fue activado el yacimiento de Vaca Muerta que actualmente produce más de 43 millones de m3 de gas y 70.000 barriles de petróleo por día. Respecto de este complejo se licitaron e iniciaron obras de infraestructura para evacuar su producción hacia los mercados local y regional, quedando pendiente para un mediano plazo los mercados internacionales vía gas natural licuado.

En quinto y último lugar figura la convocatoria para explorar en el mar offshore, con la participación de las principales empresas del rubro, comprometiendo tareas de prospección por más de U$S 1.000 millones en los próximos cuatro años.

Aseguran los funcionarios vinculados al área que a partir del próximo período de gobierno, el sector energético tendrá objetivos más trascendentes, como aportar a la economía del país energía de cantidad, calidad y precio, y proyectarse hacia el exterior en busca de los competitivos mercados internacionales, para lo que se necesita una política energética sostenida en el largo plazo.