La corrupción sistemática en la función pública y la actividad privada es un flagelo social con escándalos que sacuden a países poderosos y emergentes como método delictivo aferrado al poder gubernamental en connivencia con sectores empresarios. Ya no sorprenden estos hechos que antes impactaban en la opinión pública porque ahora se han generalizado en el plano internacional.
Estas irregularidades, que frenan el desarrollo y las inversiones desestabilizando las instituciones por la pérdida de credibilidad preocupan al G20, la veintena de naciones desarrolladas y en crecimiento que ha decidido implementar una estrategia mundial para desterrar la corrupción estructural.

Los representantes del grupo, reunidos en Brasilia, han considerado la dimensión internacional de los ilícitos y la necesidad de poner en marcha un sistema de cooperación e investigación global, tomando la experiencia del desmantelamiento de las redes brasileñas, caso de las enquistadas en la petrolera estatal que involucraba a una veintena de empresas privadas y a decenas de dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición.
Le siguieron las prácticas corruptas del grupo Odebrecht con las mismas artimañas para obtener contratos leoninos de obras públicas en el exterior. Según el Departamento de Justicia de EEUU, la poderosa constructora brasileña incurrió en operaciones ilegales en Angola, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.

A esta lucha se ha sumado Transparencia Internacional con un estudio que alerta sobre el riesgo del potencial de lavado de dinero la corrupción e insta a identificar a los accionistas de 236 compañías involucradas que operan en una veintena de paraísos fiscales.

El Grupo Anticorrupción del G20 se reunirá y definirá una estrategia mundial para combatir técnicamente la corrupción estructural, es decir establecer mecanismos de cooperación más rápidos y más eficientes contra los delitos económicos, valiéndose de mejor manera de los medios electrónicos que los corruptos ya usan abiertamente. 

Pero también se necesitan leyes eficientes para garantizar el éxito de esta lucha.