El impacto de la polémica despenalización del aborto en la agenda parlamentaria, ha generado tantas opiniones sectoriales como proyectos alternativos, u opuestos a la discusión legislativa como ha propuesto el Gobierno nacional. Una de las variantes que se baraja en el Congreso, es impulsar una "consulta popular' para que la sociedad en su conjunto se exprese a fin de alcanzar un mayor consenso frente a las posiciones divididas, prácticamente en todos los bloques representativos.

La cuestión del proyecto despenalizador es que parece desbordar a tanto a oficialistas y opositores a la hora de tomar decisiones sobre las cuestiones éticas, religiosas, jurídicas, de salud pública, e ideológicas que involucra al Parlamento y con aguas divididas hasta en la coalición impulsora del debate.

Si bien la iniciativa de los senadores radicales Naidenoff y Rozas, miembros de Cambiemos, buscan que la supuesta consulta no sea vinculante, y que la acompañen los distintos bloques, tal convocatoria sería inválida por contraria a derecho, ya que la Constitución nacional lo prohíbe taxativamente.

La cuestión del aborto incluye una reforma del Código Penal no presentada como una ley integral y, además, la propuesta contempla un protocolo para la atención en los centros hospitalarios, que ya fue implementado por la Corte de Justicia en 2012 para atender los casos autorizados por el alto Tribunal en casos de violación.

La estrategia de involucrar a la ciudadanía en el tema del aborto no punible es un despropósito que implicaría una atípica convocatoria electoral con un costo económico y logístico considerable. Un gasto innecesario y menos en un año sin recambio político institucional. 

De todas maneras el despropósito plebiscitario no parece ir por buen camino, porque pese a tratarse la despenalización de una cuestión penal, la Constitución no lo habilita. Basta leer su artículo 40, reglamentado por la ley 25.432, para observar la invalidez de la iniciativa. En este caso el voto de la ciudadanía no sería obligatorio, con lo cual se desvirtuaría el consenso pretendido por la iniciativa.