La creación de un Consejo Económico y Social, en busca de un consenso del sector privado a fin de dictar políticas estructurales a largo plazo, fue una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández, idea que se reactualiza para dar también una señal de la convocatoria sectorial, en particular de la actividad privada, reclamada por el Fondo Monetario Internacional en el contexto de la negociación con el organismo multilateral. Tal vez por eso el mandatario avanzará de inmediato para reunir los actores sin esperar un marco legal apropiado.

En un escenario político, económico y social complicado por la pandemia, resulta fundamental escuchar la opinión de los referentes de las distintas entidades representativas y con ellas elaborar una agenda de medidas políticas donde la equidad y el esfuerzo compartido soporte el peso de las cargas fiscales contemplando las necesidades y el compromiso de todos los sectores. Reunir al empresariado, los sindicatos y las autoridades laborales, resultará fundamental a la hora de discutir precios y salarios, por ejemplo.

Puede ser un debate esclarecedor frente al descongelamiento de medidas disparadoras de la inflación, cuando los valores de las tarifas y los precios máximos contenidos en esta emergencia se liberen con una escalada incontrolable. Es que las políticas para abordar la nueva normalidad exigen consenso y profundo análisis, además de resolver cuestiones impositivas y determinar los incentivos para aumentar los planteles de personal como propone el Gobierno.

Será trascendente escuchar la voz de las pymes, verdadero motor del desarrollo nacional, pero castigadas con imposiciones insostenibles, sin tener en cuenta las dificultades, necesidades y propuestas, más si son de las economías regionales. Las pequeñas y medianas empresas son las mayores generadores de empleo y también las más afectadas por la emergencia sanitaria con escasos paliativos oficiales que van a desaparecer en la pospandemia.

Según Fernández este Consejo deberá comenzar a diseñar la economía del futuro y, además, la conformación del proyecto de ley que se enviará al Congreso, pensada como idea no sólo del Poder Ejecutivo para que perdure en el tiempo, porque no se trata de algo coyuntural sino para enfrentar al futuro. Hay temas centrales, como la educación, que merecen este debate para no relegarlo, como pasa ahora, por presión gremial.