Cuando se investigan casos de corrupción pública muchas veces las expectativas de la gente y de la exposición mediática de los involucrados no coinciden con lo que dicta el derecho y el sentido común se siente vulnerado. Así podría resumirse la escandalosa libertad otorgada por la Cámara Federal al poderoso empresario kirchnerista Cristóbal López y a su socio Fabián de Sousa, acusados de mantener una deuda con el Estado por más de 10.000 millones de pesos.

El cambio de carátula, para ser investigados por simple evasión tributaria, implica de hecho un sobreseimiento encubierto. Es decir, esta polémica decisión judicial les abre una puerta a los empresarios para volver al fuero al Penal Económico e ingresar a una moratoria con la AFIP que haría extinguir la causa judicial.

La cuestionada resolución también cambió la situación procesal Ricardo Echegaray, extitular del ente recaudador nacional, también procesado por defraudación al Estado y acusado por un delito tributario agravado por parte de la autoridad que debía controlar a los empresarios excarcelados.

En este caso también el procesamiento de Echegaray tiene perfil de sobreseimiento porque con otra calificación legal le bastará con un pago para acogerse a una moratoria y así liberarse de toda responsabilidad penal.

Ante este cúmulo de inconsistencias judiciales, el titular de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Germán Moldes, interpondrá un recurso de Casación por el fallo que cambió la carátula del expediente contra Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa, procesados como partícipes necesarios de administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado nacional.

Echegaray no es un hecho menor porque se lo acusa de haberle otorgado planes de pago con facilidades a Oil Combustibles de manera irregular, en forma consistente, sistemática y deliberada. Además, convalidó los trámites a sabiendas de que no correspondía. Más grave porque con el dinero de las retenciones tributarias el Grupo Indalo se expandió comprando medios de comunicación y otras empresas.

La AFIP también apelará frente al cambio en la calificación del delito para impedir que uno de los hechos de corrupción más escandalosos de la última década quede en la nada.