La Real Academia de la Lengua Española ha definido a la palabra "ecocidio" como la destrucción del medio ambiente, en especial de forma intencionada y esta intención depredadora deliberada podría convertirse en un pecado para los católicos, según anticipó hace una semana el papa Francisco al hablar sobre el incesante deterioro del medio ambiente. El jefe de la Iglesia recurre a la fe de los creyentes como una forma de concientizar en el cuidado del planeta.


En los últimos tiempos Bergoglio ha señalado que las conductas consideradas como ecocidio no deben quedar impunes, como son la contaminación masiva del aire, de los recursos de la tierra y del agua, la destrucción a gran escala de la flora y la fauna y cualquier acción capaz de producir un desastre ecológico o destruir un ecosistema. Resulta evidente que, ante la pasividad o la inoperancia de los gobiernos para cumplir con el Pacto Ambiental, el Santo Padre apela a la sensibilidad y la conciencia de los creyentes para afrontar la crisis ambiental.


Esta frustración política moviliza al Vaticano a través del catecismo con la calificación de "pecado ecológico" que se espera quede formalizado en las próximas semanas, de manera que todos los católicos asuman la lucha contra el calentamiento global. El problema lleva más de una década de advertencias científicas y de organizaciones ambientalistas, las que piden que el concepto sea reconocido como un crimen atroz en la Corte Penal Internacional, en el mismo plano que el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad, para así responsabilizar penalmente a gobiernos y ejecutivos de empresas causantes de daños ambientales.


Pero los intereses en juego son tan poderosos que el ecocidio fue descartado en 1996 por el Estatuto Internacional de Roma, sin que la humanidad pudiese tener una herramienta jurídica poderosa en la defensa del hábitat. No obstante la lucha de las ONG ecológicas y de otras entidades afines, sigue el pie como la británica "Stop Ecocide", conformada por un grupo de abogados penalistas, diplomáticos y científicos que trabajan con el fin de obtener una Ley de Ecocidio en la Corte de La Haya.


Esta norma impediría que inversores y aseguradoras respalden prácticas contra el medio ambiente y definiría responsabilidades penales a gobernantes y ejecutivos de empresas. Mientras se llega a concretar la figura penal del ecocidio como crimen internacional, el Papa busca que millones de católicos asuman el deber colectivo de cuidar y proteger el ambiente y toda forma de vida amenazada por el cambio climático.