El Gobierno nacional, en un intento por atenuar el efecto negativo que tendrá en el presupuesto el mantenimiento de la tarifa social por dos meses y el prorrateo de los aumentos de mayo, junio, julio y agosto (meses de mayor demanda) en tres cuotas a pagarse entre noviembre y abril, ha propuesto que las provincias se hagan cargo del 50% de ese costo, involucrándolas en un tema en el que deberían ser ajenas teniendo en cuenta el aporte que, por todo concepto, realizan al erario nacional y los últimos ajustes implementados desde la Nación en relación a lo que la administración central les coparticipa a las provincias.

Es histórica la lucha que han tenido las provincias por los fondos que deben ser reintegrados desde la Nación, correspondientes a toda la masa impositiva que generan los estados provinciales como producto de la propia actividad económica. Las provincias aportan a través del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros tributos que recauda la AFIP, una importante masa de fondos que la Nación luego retribuye en parte. Este mecanismo, no siempre bien retribuido a los estados provinciales, se enmarca en el fenómeno del centralismo porteño que desde siempre ha hecho que el país no crezca en forma uniforme sino que lo haga preponderantemente en su capital o en el Gran Buenos Aires donde se encuentra concentrada la mayor parte de la población.

Provincializar el problema tarifario en estos momentos es intentar arrojar un salvavidas de hierro, en relación a la situación en que se encuentran las provincias. La mayoría de ellas, con algunas excepciones, tienen sus cuentas acotadas al pago de salarios y algunas pocas obras públicas, por lo que pedirles un mayor esfuerzo para mantener la tarifa social o prorratear el aumento al gas y la luz dispuesto últimamente, es una falta de consideración y una maniobra para que sean las provincias las que tengan la última palabra en un "aplanamiento'' tarifario que fue pedido desde todos los sectores, por considerar que el incremento dispuesto afecta principalmente a los sectores más carecientes de la sociedad.

Si bien es cierto que el Gobierno nacional viene haciendo desde 2016, en función de la recomposición tarifaria, un notable recorte de los subsidios que incide favorablemente en el presupuesto nacional, no se puede pretender que en este proceso se involucre a las provincias de una forma que pueden llegar a ver comprometidas sus finanzas.