El plan de regularización de dominio de las viviendas construidas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), unas 35.000 unidades habitacionales sin escriturar, y entregadas durante las seis décadas desde la creación del organismo, es una decisión oportuna de las autoridades sanjuaninas porque no sólo otorgará el dominio de propiedad al titular de la casa sino liberará los terrenos de la urbanización de los barrios en favor de los municipios.


En realidad son muchas las ventajas para el adjudicatario porque con la escritura a su nombre podrá respaldar operaciones financieras, como generar las condiciones para obtener una hipoteca o créditos para ampliaciones, aun cuando la vivienda no esté cancelada. Mucho mejor para ventas de los inmuebles, alquilarlos, darles otros destinos, o facilitar juicios sucesorios si existe una escritura de por medio. Lo ideal sería escriturar de ahora en adelante al entregar cada vivienda, si el adjudicatario reúne las condiciones exigidas para este beneficio.


El interrogante que surge, al conocer la precariedad de la posesión de estas viviendas, es por qué centenares de adjudicatarios nunca escrituraron a pesar de haberlas cancelado, y por qué hay inmuebles sin escriturar desde hace 65 años. La respuesta debe buscarse en los altos costos del trámite, estimado actualmente en unos 15.000 pesos, una cifra que obliga a postergar la regularización si se tiene en cuenta la capacidad adquisitiva de la gente que habita la vivienda social. Por eso este punto de inflexión del IPV para abaratar los costos de la tramitación, mediante financiación oficial para que sea más accesible el documento de dominio, terminará con las consecuentes postergaciones que, en algunos casos llevan mucho tiempo. Se trata de reducir los motivos que generan las referidas postergaciones, facilitando un trámite que hasta ahora preferían no hacerlo sin tener en cuenta las ventajas que ofrece su concreción.


Tanto los recursos provinciales como los nacionales que se puedan obtener, más la predisposición de los profesionales del sector privado interviniente, será la fórmula adecuada para el saneamiento masivo previsto por el Gobierno de la provincia. Todo esto sin considerar el aporte para el mercado inmobiliario local.