La aventura separatista de un grupo de catalanes que en 2017 declararon la independencia de Región de Cataluña, sin que esta acción prosperara favorablemente, promovió uno de los juicios más relevantes de la historia de este país. La etapa de tomar declaraciones a más de 400 testigos involucrados en este acto de "desobediencia", según lo establecido por las leyes españolas, finalizó la semana pasada después de cuatro meses, pero el veredicto definitivo se conocerá recién a mediados de septiembre.

En total son 12 los separatistas catalanes que fueron acusados de graves delitos por la fallida independencia de la Región. Entre ellos está Oriol Junqueras, uno de los líderes de la rebelión del 2017 para el que se pide hasta 25 años de cárcel. Junqueras, luego de ser destituido como vicepresidente catalán se impuso en las elecciones nacionales de España y en las del Parlamento Europeo, obteniendo respectivas diputaciones. En un primer momento se le permitió recoger su acta de diputado nacional, pero luego fue suspendido en sus funciones por el cuerpo legislativo al estar procesado. Con el acta como eurodiputado, la justicia españolas no quiere que pase lo mismo y hasta ahora no se le ha permitido el trámite. 

Entre las principales acusaciones a los separatistas, uno de los fiscales dijo que habían intentado un golpe de estado, con Junqueras como principal motor de la rebelión. Por otra parte para la Justicia española el delito de desobediencia puede llevar a una multa o a la inhabilitación para desempeñar cargos públicos.

El caso ha sido seguido de cerca por toda España, especialmente en las regiones con vocación separatista como el País Vasco, donde este mega juicio ha sido tomado como una dura advertencia para grupos que pretendan incursionar en una nueva aventura separatista.

De acuerdo a los procedimientos judiciales, en septiembre próximo si los acusados son hallados culpables, todavía podrán apelar su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y entonces el Jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez tendría en sus manos el poder de perdonarlos. Pero se sabe que el mandatario está dispuesto a no hacer más concesiones a los políticos independentistas, especialmente después de su malogrado intento de reanudar el diálogo político el año pasado. 

Si bien, los separatistas han intentado argumentar pruebas que demuestren su inocencia, el hecho de haber transgredido normas constitucionales al proclamar una independencia que no era auténtica -por no ser querida por la totalidad de la población ni por grupos empresariales que tuvieron grandes pérdidas- los coloca en una complicada situación en la que está en juego, nada más ni nada menos, que su libertad.