Por la caótica situación económica, social y política que atraviesa Venezuela, alrededor de 2,3 millones de personas han abandonado ese país caribeño desde 2914, dirigiéndose en su mayoría a Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, en un flujo migratorio que recuerda al vivido en Europa años atrás.


La pobreza, el hambre y un régimen que no ofrece futuro, obligan a dejar la tierra natal y la peor parte la sufren los sectores de menores recursos que deben emprender el éxodo a pie hasta cruzar la frontera. El puente "Simón Bolívar+, entre Venezuela y Colombia registra el paso diario de unas 40.000 personas y se ha convertido en símbolo de la crisis humanitaria.


Como en el caso europeo, el rechazo a los migrantes viene creciendo hasta con escenas de violencia y medidas políticas, como los graves incidentes ocurridos en Brasil el último fin de semana y la decisión de Ecuador y Perú de exigir pasaportes a los venezolanos que buscan cruzar la frontera.


Estos hechos son violatorios de las leyes y convenciones internacionales sobre refugiados ya que la acogida debe responder con las medidas aceptadas por los países firmantes. Por eso la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) no sólo ha catalogado a estos migrantes como refugiados sino reclama que se otorgue un tratamiento digno con medidas adecuadas y pragmáticas.


También advierte que en virtud del colapso venezolano no se debe forzar de ninguna forma a los migrantes para que retornen a sus pueblos. Todo esto en el marco de los estándares mínimos que deben observarse en la tierra de acogida, como asegurar la legalidad, la accesibilidad, acceso a los derechos básicos y las garantías de no retorno.


Además también debería considerar la ACNUR que no es fácil disponer de recursos para contener a millones de familias de escasos recursos a quienes se les debe brindar vivienda, alimentación y asistencia sanitaria, mientras consiguen un trabajo que les permita subsistir cubriendo sus necesidades básicas.


Es que más allá de los problemas y las tensiones que originan los flujos masivos de población, el pragmatismo que pide la ONU significa cuantiosos gastos para los cuales son necesarios los aportes del organismo internacional, como lo ha hecho en África y en otras regiones del mundo en situaciones parecidas al éxodo venezolano.