El inicio de las clases previsto para mañana en gran parte del país deberá afrontar un paro de actividades dispuesto por los gremios docentes nucleados en la CGT, en reclamo por la “falta de definiciones de un piso salarial y la decisión del Gobierno nacional de eliminar el Fonid (Fondo Nacional del Incentivo Docente)”. A nivel local los docentes de los gremios UDA, AMET y UDAP adherirán a la medida al no haber aceptado la oferta realizada por el gobierno provincial en la reunión paritaria del jueves último. En ambos casos, el paro fue decretado sin haberse agotado las instancias negociadoras, ya que tanto a nivel provincial como nacional está previsto reanudar las tratativas el martes 5 del corriente, y sin tener en cuenta la firme posición del presidente Javier Milei de incluir a la educación dentro del DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) como servicio esencial que obliga a prestar al menos el 70% del servicio educativo durante cualquier huelga.
De todas maneras mañana estará en la decisión de cada uno de los docentes sumarse o no al paro nacional, en respuesta a lo que les indica su propia conciencia, y en relación a su sentido del deber y a la vocación por la docencia en medio de una situación conflictiva que pone en peligro, una vez más, el normal desarrollo del ciclo lectivo.
En esta situación hay muchos factores a considerar dentro de la necesidad de que los alumnos concurran a la escuela y que los docentes accedan a dictar clases a pesar de las dificultades por las que atraviesan todos los sectores. Uno de esos aspectos es la crítica situación económica del país que dificulta los acuerdos salariales. También está la necesidad de dar cumplimiento con los 190 días de clases acordados por el Consejo Federal de Educación, para intentar subsanar el bajo nivel educativo de los alumnos y realizar el mayor esfuerzo posible para que los chicos aprendan a aprender, que es lo que va a determinar la mejora que se busca en educación.
Si bien, en ningún momento se cuestiona el justo reclamo del sector docente por percibir un salario apropiado y digno, que pueda hacer frente a la inflación, lo que se está pidiendo desde el sector oficial, al menos en nuestra provincia, es que se comprenda la situación y se continúe analizando la posibilidad de incorporar mejoras salariales a medida que la situación lo vaya permitiendo, pero esto sin interrumpir el normal dictado de clases o que los niños se queden sin escolaridad.
La posición de los gremios docentes de disponer un paro en el inicio de clases está llevando a una situación bastante tensa que podría derivar en enérgicas medidas tanto a nivel nacional como provincial, más allá de descontar el día de paro del salario como lo ha manifestado el presidente Milei o el Jefe de Gobierno Porteño, Jorge Macri.
En nuestra provincia existen algunos antecedentes vinculados con la judicialización de los paros docentes. Este recurso comenzó a utilizarse en contra de las huelgas de UDAP que se realizaron durante el 2007, durante el gobierno de José Luis Gioja, que marcó el inicio de una etapa en la que los gremios docentes vieron limitada sus posibilidades de hacer paros que no estuvieran debidamente justificados.