El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y altos funcionarios de ese país han sido acusados por la Organización de las Naciones Unidas de graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura desde 2014, según un informe de 443 páginas como consecuencia de la investigación realizada en ese país. Entre los responsables directos están el titular de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdao Cabello, y los ministros del Interior y de Defensa, Néstor Reverol y Vladimir Padrino López.


Esta nueva conclusión condenatoria se suma al anterior informe del Alto Comisionado de Derechos humanos de la ONU, conocido como "Misión Bachelet", una investigación encabezada por la expresidente de Chile que entrevistó a más de 550 víctimas de abusos y testigos en el país caribeño sin dejar dudas acerca de los atropellos a los opositores políticos. El canciller del gobierno chavista rechazó de plano todas pruebas de la "misión fantasma" controlada por gobiernos subordinados a EEUU, según el canciller Jorge Arreaza. 


Esta investigación de la ONU no tiene precedentes en América latina y puede tener consecuencias que van más allá de la permanencia en el poder de Maduro y sus funcionarios si se aplica la jurisdicción universal en sus diferentes variantes, incluyendo la intervención de la Corte Penal Internacional de la Haya. Si bien no habrá consecuencias inmediatas si no hay un cambio político en Venezuela y, además, hasta fin de este mes se seguirán considerando las opciones a seguir, los responsables no se salvarán del castigo.


Los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos son implacables y no prescriben, por lo que si Maduro y cualquiera de los acusados viajaran a otro país, al dejar el poder sin la inmunidad actual, podrían ser detenidos en el marco del derecho internacional y juzgados por un tribunal local. En cuanto a intervención de la Corte de la Haya la alternativa sería accionar directamente contra el Estado venezolano, y no contra los implicados, para exigirle al Gobierno chavista terminar con los crímenes de lesa humanidad.


Cualquiera sea el camino a seguir por la justicia, lo que se ha confirmado son las violaciones sistemáticas a la convivencia política porque han sido investigadas y con pruebas inequívocas las persecuciones criminales como política de Estado para silenciar a quienes denuncian atrocidades que van desde la crisis humanitaria en ese país hasta las maniobras de Maduro para perpetuarse en el Gobierno.