La contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, uno de los cauces más putrefactos del mundo y el principal de la Argentina, es un caso emblemático de inoperancia política en los reiterados intentos de sanear el lugar. Fracasaron todos los proyectos de la Nación, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Gobernación bonaerense involucrados en las obras prometidas.


Pero no sólo el Ejecutivo ha fracasado en los intentos de limpieza y ordenamiento de esta cloaca abierta sino también la Justicia. El jueves último se cumplieron diez años del dictado del llamado "fallo Mendoza'' de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó sanear la cuenca, y en la reciente audiencia de seguimiento de las obras los magistrados afirmaron que no se cumplieron las promesas y que hubo irregularidades graves que deberían dar lugar a denuncias penales contra anteriores funcionarios encargados de este proceso.


Los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkratz y Horacio Rosatti formularon preguntas referidas a los trabajos y se mostraron muy críticos de la lentitud del progreso en muchas áreas. Concretamente se señaló que el problema que marca la Auditoría General de la Nación (AGN) es que los compromisos no se cumplen, por ejemplo el plan de urbanización de villas y asentamientos precarios, firmado en 2010 con el propósito de alcanzar 17.771 soluciones habitacionales, pero a diciembre de 2017 sólo se terminaron 3.882 viviendas, es decir, el 22 por ciento.


Los datos forman parte de un informe de la AGN sobre el avance de una sentencia que para Lorenzetti, "es muy grave'' y que describe una inestabilidad en las definiciones que no permiten que haya precisiones y plazos de cuándo se va a cumplir esta sentencia. El presidente de la Corte señala que existen irregularidades que dan lugar a denuncias penales.


Es que Acumar, el ente encargado del saneamiento no cumple con lo que la Corte le está demandando y reconoce un atraso histórico, sin aventurar una fecha precisa para su cometido.


Lo cierto es que la situación del Riachuelo es muy grave en términos sociales y ambientales afectando a más de diez millones de personas en forma directa e indirecta. Los ambientalistas lo ignoran ni se movilizan como en San Juan por la actividad minera, o reclamando modificar la ley de glaciares entre otras hipocresías ideológicas.