Por estos días, organizaciones políticas y gremiales pertenecientes a una veintena de espacios sociales, sindicales y religiosos de distintas provincias argentinas están interviniendo en una serie de actividades reivindicatorias de derechos sobre territorios, en una actitud que no condice con la legislación actual y que provoca actos de violencia y provocación contra los auténticos dueños de las propiedades que se reclaman en el Sur argentino. 

El fin de semana pasado se realizó una gran marcha desde la localidad de El Bolsón en la provincia de Río Negro hasta Lago Escondido, donde se localizan algunas inversiones extranjeras que han sido duramente cuestionadas por estos movimientos sociales y agrupaciones de mapuches, que están en pie de guerra desde hace tiempo. Y el lunes último tuvo lugar la denominada marcha sobre el "camino de Tacuifi", que se realizó desde Bariloche hasta el paraje El Foyel de propiedad del magnate inglés Lewis. Aunque los organizadores de estas marchas intentan explicar que no están buscando enfrentarse con vecinos y pobladores de estas estancias y que son sólo "en defensa de la soberanía territorial y de los bienes naturales que les pertenecen", es un hecho que con estas manifestaciones se desconoce la organización del Estado argentino con sus disposiciones legales.

La marcha hacia Lago Escondido fue la séptima que se realiza desde que comenzaron los reclamos y en cada oportunidad hubo altercados entre la policía que custodia la zona y los manifestantes que, si bien utilizan caminos públicos para llegar hasta las proximidades, terminan ingresando indebidamente a propiedad privada para concretar sus reclamos. Lo mismo está ocurriendo con las otras marchas que complementan el plan de lucha iniciado originalmente por las comunidades mapuches, que consideran que esos territorios les pertenecen por derecho ancestral.

Durante estas manifestaciones que se están concretando en el Sur ha quedado en evidencia la infiltración de activistas mapuches desde Chile -donde esta comunidad aborigen está vinculada a movimientos terroristas- al haber sido detenido en uno de los campamentos el líder mapuche chileno Jones Huala, en una situación lamentable y vergonzosa, ya que se había vestido de mujer para intentar pasar por desapercibido, en cumplimiento de sus oscuros objetivos. 

Ante estos hechos, el Gobierno nacional debe dar por cerrada todo tipo de negociación con estos grupos insurgentes y actuar conforme lo establece la ley en defensa de quienes ostentan los auténticos derechos de posición de las tierras y no permitir que grupos opositores o de agrupación vinculadas al terrorismo sigan infundiendo el odio y la violencia en un espacio del territorio argentino en el que se debería estar promoviendo el crecimiento y desarrollo, en beneficio del país como sucede con Vaca Muerta, donde muchas empresas tienen serios problemas con estas manifestaciones.