El Tribunal Constitucional de Rusia, una corte controlada por el Kremlin, avaló los cambios en la Carta Magna que le permitirían al presidente Vladimir Putin permanecer en el poder dos mandatos más y con mayores atribuciones -lo que significa una discrecionalidad institucional- de manera de prolongar hasta 2036 las funciones que debería dejar en el 2024. El astuto mandatario de Rusia aprovechó la conmoción mundial provocada por el coronavirus y el enfrentamiento de ese país con la OPEP por la regulación de la producción y del precio del petróleo frente a la crisis global, para impulsar un paquete de cambios políticos a su antojo, frente a una opinión pública impotente por los últimos acontecimientos.

Es que Rusia, como la mayoría de los países, impuso severas restricciones a la movilidad social, obligando a los opositores a aplazar las protestas y otras manifestaciones, en tanto los medios periodísticos locales como los de alcance internacional prestan prácticamente toda la atención a los alcances de la pandemia que en Rusia tiene 114 casos detectados a pesar del hermetismo, con cierre de fronteras y cancelación de todo tipo de transporte al punto de complicarse el abastecimiento de los productos de primera necesidad.

Todas las manifestaciones se expresan por las redes sociales con el común denominador de una maniobra ilegal política y éticamente inaceptable de consecuencias imprevisibles porque se cierne sobre Rusia la amenaza de una profunda crisis gubernamental, o un golpe anticonstitucional disfrazado de pseudolegal. El Kremlin elude las críticas y se remite a la consulta popular, prevista en principio para el próximo 22 de abril, aunque el plebiscito va camino a postergarse sin fecha por el avance del Covid-19.

Putin, de 67 años, se encuentra ahora en su cuarto mandato presidencial, aunque no consecutivo, y de prosperar las reformas constitucionales por él diseñadas, podrían convertirlo en el líder más antiguo en la historia moderna de Rusia, superando al dictador Iosif Stalin. Precisamente la reforma sustancial señala que Rusia es heredera de la URSS y por ello la necesidad de una Carta Magna más conservadora y de espíritu nacionalista, y remarca la prioridad de la ley rusa sobre las normas internacionales, una disposición que parece dirigida especialmente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a otros organismos internacionales que muchas veces han emitido veredictos contra el gobierno de Moscú.

Las 290 enmiendas ideadas por Putin se contradicen con lo establecido por la propia Constitución, como la separación de los poderes del Estado incluyendo una justicia independiente y, sobre todo, la autonomía de los gobiernos locales. Una bomba de tiempo con un detonador dependiendo de la evolución del coronavirus.