Una verdadera crisis humanitaria está generando la política de tolerancia cero en la frontera de Estados Unidos sensible a la inmigración ilegal, donde se producen aberrantes violaciones a los derechos humanos tras una obligada separación familiar. Las víctimas son los niños detenidos y alojados en albergues transitorios donde se han reportado abusos físicos, sexuales y psicológicos, según denuncias periodísticas.

Lo peor es que el gobierno de Donald Trump busca derogar una disposición de 1997 que prohíbe mantener a los niños migrantes detenidos por más de 20 días. La presión del Congreso y de la prensa, y en particular la firme campaña del diario The New York Times, tiende a lograr una flexibilización de la política migratoria, pero el trámite puede ser largo por burocrático.

La revisión de Washington, anunciada el miércoles último, señala que si bien no se tenía previsto recibir de vuelta a padres que hayan sido deportados, consideraría casos individuales que podrían justificarse. Esto implica la designación de un juez federal para considerar cada caso, pero poco podría variar la situación actual.

Se ha denunciado que el número de niños migrantes detenidos alcanza a 12.800 este mes, contra los 2.300 que fueron separados de sus padres en 2017, ya que la mayoría son menores procedentes generalmente de Centroamérica que viajan solos con intención de cruzar la frontera de México con EEUU. En estos últimos casos, adultos y familias puede ofrecerse como tutores en suelo norteamericano, pero son pocos los que se arriesgan a un trámite que exige huellas digitales, un paso imposible para los indocumentados solidarios.

El panorama se complica más con las presentaciones judiciales de organismos defensores de los derechos humanos, como la interpuesta por la influyente Unión Americana de Libertades Civiles, en nombre de las familias separadas. El complejo sistema de solicitudes de asilo y de cruces ilegales en la frontera es muy complicado y si agrega la llegada masiva de niños extranjeros solos, el tema desborda a las autoridades federales.

Pero si no hay una respuesta rápida, los tiempos se agotan como los lugares de los albergues, que están en el 90% de su capacidad, ya alarma a las autoridades tanto la cantidad de chicos detenidos como por el costo de casi 800 dólares diarios per cápita que cuesta mantenerlos, más si se viola la ley de permanencia máxima provocando una dolorosa separación.