La investidura de un legislador nacional obliga a quien ha sido distinguido con ese cargo a tener un comportamiento que esté por sobre los intereses personales, partidarios o sectoriales, y que en todo momento actúe en función del bien común y con la intención de preservar el orden institución del país. Esto es lo que no ha hecho, precisamente, el diputado nacional del Frente para la Victoria Leopoldo Moreau, quien ha tenido desafortunados comentarios a favor de las brutales agresiones que recibió el periodista del canal de televisión TN Julio Bazán durante las últimas manifestaciones en las inmediaciones del Congreso, en ocasión del tratamiento de la reforma jubilatoria.

Moreau, demostrando una total falta de sensibilidad y de coherencia política, se animó a justificar el ataque, del que también fueron objeto algunos de sus pares, como los diputados Martín Lousteau y Carolina Piparo (ambos de Cambiemos), quienes además de agresiones corporales también recibieron intimidaciones y amenazas muy contundentes. En primer término Moreau dijo que Bazán no sólo fue víctima porque se lo merece al decir "que por algo será" sino que también ha sido víctima del grupo de medios de comunicación donde trabaja, justificando el accionar de los agresores, representantes de las agrupaciones de izquierda, troskistas, kirchneristas y massistas que llegaron hasta el Congreso, y el linchamiento promovido que no es otra cosa que apología del delito.

Se considera que la gravedad de los dichos del diputados kirchnerista es porque provienen, precisamente, de un legislador que debería haber dado claras muestras de responsabilidad institucional y haber condenado esta grave agresión contra un periodista que fue salvajemente atacado arrojándole cenizas calientes en sus ojos y golpeándolo duramente.

Entidades como ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas) han repudiado este comportamiento y han señalado que expresiones como las de Moreau no sólo terminan legitimando la violencia sino que la alimentan.

Esta incitación a la violencia y a la barbarie deberá ser investigada por la propia Cámara de Diputados y luego por la Justicia para llegar a determinar en qué grado se ha transgredido la obligación moral de preservar el orden, condenando actos de agresión que no deben admitirse en ningún ámbito institucional. Los ciudadanos en general y los legisladores en particular deben ser celosos custodios del orden público repudiando los ataques entre argentinos.