Desde el retorno de la democracia ningún gobierno ha sido compasivo con los jubilados y pensionados en cuanto a garantizar retiros dignos de manera que el poder adquisitivo mínimo del adulto mayor sea coherente con la realidad económica del momento. Se han buscado numerosas fórmulas de actualización de las prestaciones, pero ninguna a favor del sector y prueba de ello son los múltiples juicios contra el Estado cuyo resarcimiento al perjudicado ha sido mayor al gasto para pagar un haber digno. También el costo político ha sido enorme si nos remitimos a los violentos disturbios en el centro porteño cuando el Legislativo intentó avanzar con las reforma jubilatoria en 2017 y todo rodeado de pura demagogia, de uno y otro lado, por promesas de campaña a la tercera edad no sólo incumplidas, como viene ocurriendo, sino por las posiciones ideológicas que giran en función de los intereses partidarios: lo que antes estaba mal, ahora está bien.

Las fórmulas de actualización de jubilaciones y pensiones siempre fueron conflictivas y más en los últimos años en función de los recursos y por eso se alteran los índices por decreto y parámetros confusos. Este nuevo proyecto de despojo plantea un ajuste sustentado en dos variables, el salario del trabajador activo y la recaudación impositiva, ambas negativas para el beneficiario porque además se elimina el ajuste por inflación, que debería prefinanciar cada seis meses y recién cobrar algún aumento.

Todo esto para una gran mayoría, los cuatro millones de jubilados que cobran 18.000 pesos y los dos millones restantes con una media de 26.000 pesos mensuales en momentos en que los gastos superan los 45.000 pesos al mes y quien no los tenga estará bajo la línea de pobreza. No hay ninguna explicación oficial válida que asegure que con las actualizaciones proyectadas los haberes no vuelvan a quedar más rezagados en términos reales.

Tampoco se ha aclarado con cifras creíbles porque las jubilaciones no tendrán la variable de la inflación para mantener el poder adquisitivo, tal como se lo plantea la actividad privada al negociar los convenios colectivos, ya que esta variable está atada a los juicios positivos o negativos de la economía. Además, las prestaciones al sector pasivo no deberían afectar al Tesoro porque existe el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, creado precisamente, para intervenir frente a los desequilibrios del sistema. De lo que no hay dudas es de otra judicialización, como ocurrió con la reparación histórica.