La Justicia viene siendo cuestionada desde hace tiempo porque no cumple con las expectativas de la sociedad respecto de la celeridad con la que se resuelven las causas. Dentro de este universo, las causas por corrupción, que corresponden a denuncias contra funcionarios públicos, son las que se tramitan con mayor lentitud. Se ha llegado a establecer que en la totalidad de los juzgados federales de nuestro país hay un 90% de causas por corrupción que no han llegado a tener ni un procesamiento y que, por ejemplo, en Comodoro Py hay más de 50 causas que llevan más de una década de trámite.

Un informe oficial sobre las auditorías a las causas por corrupción tramitadas en todos los juzgados federales entre 1996 y 2016, aprobado por el Consejo de la Magistratura, arrojó que en ese período se tramitaron 9.476 causas, de las cuales aún siguen abiertas 2.178. Entre ellas se encuentran las denuncias correspondientes a funcionarios de los últimos gobiernos democráticos, particularmente de la era kirchnerista, que ha dado lugar a una de las etapas más escandalosas de la historia del país.

El fenómeno de denunciar funcionarios públicos por diversas causas también se ha dado en toda la región donde más de 10 exgobernantes están siendo investigados o han sido condenados. Esto llevó a que en la última Cumbre de las Américas, en Lima, Perú, se alcanzara un compromiso llamado "Gobernabilidad democrática frente a la corrupción+, aprobado por aclamación.

Las investigaciones y condenas caen en 3 expresidentes de Perú, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Dos expresidentes de El Salvador, Antonio Saca y su sucesor, Mauricio Funes. Dos expresidentes argentinos, Cristina Fernández de Kirchner y Carlos Menem; el mexicano Luis Echeverría; el colombiano Ernesto Samper y el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años por corrupción.

En el caso de nuestro país este comportamiento de la Justicia impone la necesidad de encarar una reforma del sistema que, fundamentalmente, lleve a una aceleración de los plazo judiciales. El tema está siendo tratado en estos días en reuniones entre el Gobierno y la Corte en las que se han puesto sobre la mesa temas tales como ampliar el horario de atención al público y modificar el sistema de ferias judiciales, dos medidas que de ser implementadas pueden comenzar a dar sus frutos sacando a la Justicia del letargo en que se encuentra.