En el marco de la reestructuración de personal que ha iniciado el Ministerio de Agroindustria, con el despido de 330 empleados sin contar el ajuste ejecutado en la Unidad para el Cambio Rural -UCAR- y organismos conexos, el titular del área, Luís Miguel Echevehere tiene en carpeta una serie de despidos en dos organismos estratégicos que dependen de Agroindustria, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Estas dependencias están integradas, en su gran mayoría, por personal capacitado para las tareas que cumple como son las de promover el desarrollo tecnológico para la producción frutihortícola y fiscalizar la sanidad y calidad de los alimentos que se producen y se comercializan en el país o se exportan al exterior.


No hay dudas que durante la última gestión de gobierno kirchnerista, como lo ha manifestado el ministro Etchevehere, se haya sobredimensionado la planta de personal en esas dependencias, pero hay que tener especial cuidado al efectuar un ajuste ya que se puede dejar afuera personal altamente capacitado y con experiencia que después se hace muy difícil reponer. Especialmente en las agencias del INTA distribuidas en todo el país, donde los extensionistas realizan una destacada tarea de asesoramiento y promoción; o los inspectores del Senasa que cumplen una destacada labor de control y fiscalización en diversos ámbitos. Dentro de la primera estructura están los profesionales que asisten técnicamente a asociaciones de productores vinculados a la Indicación Geográfica Melón de Media Agua - San Juan, que habían logrado recuperar el liderazgo nacional de este producto, en los mercados, en los últimos 4 años.


El achique del Estado en el Ministerio de Agroindustria no debe pasar solamente por una cuestión de números, ya que se corre el riesgo de desarticular una de las áreas que deben estar en permanente contacto con los factores de producción en todo el territorio nacional.


Los ajustes de personal deben ser implementados en áreas donde evidentemente hay personal ocioso, que son muchas y están localizadas en toda la administración pública. También debe ser la consecuencia de una eficientización del Estado a través de sistemas digitales de manejo de datos, que vayan generando la posibilidad de prescindir de personal y mejorando la atención de quienes realizan trámites en ámbitos del gobierno.