El sistema de Participación Pública Privada es la vuelta que le ha encontrado el Gobierno Nacional para poder realizar las obras de infraestructura que le hacen falta a la Argentina, sin tener que asignar fondos que el país actualmente no dispone. Básicamente son las empresas privadas las que realizan y financian las obras y luego el Estado devuelve el dinero, con bonos que no son soberanos y en una determinada cantidad de años. Mediante este esquema se puede realizar cualquier tipo de obra pública como escuelas, hospitales y hasta cárceles, pero son las que tienen un flujo constante de dinero -rutas con peajes- las que más atraen y que el Gobierno ha elegido desarrollar primero. De esta forma, la semana pasada llevó adelante la primera licitación correspondiente al Plan general de la nueva red de autopistas y rutas seguras. Comprende tres etapas, la primera de 3.353 kilómetros y una inversión de U$S 6.000 millones, para la que se han presentado 10 consorcios, integrados por 16 empresas. Con las dos etapas restantes se totalizarán 7.277 kilómetros, con una inversión total de U$S 12.500 millones. Los adjudicatarios de la primera etapa se conocerán entre la segunda quincena de mayo y primera de junio, por lo que en la segunda mitad del año se iniciarían los trabajos.

Se prevé que si todo marcha con normalidad estas obras viales marcarán el inicio de una etapa floreciente para el país, ya que por primera vez se podrán poner en marcha, simultáneamente, trabajos en cantidades nunca vistas. Además son obras que permitirán disminuir el número de siniestros viales en torno al 70% e incidirán en el ahorro de costos operativos y de tiempos de viaje en las rutas más transitadas del país. Otro aspecto importante es que generarán más de 50.000 puestos de trabajo en forma directa e indirecta, una gran necesidad de nuestro país en estos momentos.

Se estima que esta primera etapa estará terminada dentro de 4 años dejando atrás las denominadas "rutas de la muerte" y promoviendo el turismo.