La desburocratización del Gobierno nacional tiene dos objetivos fundamentales: dinamizar la sobredimensionada administración ejecutiva y lograr un sustancial ahorro del gasto público. Se trata de una reforma estructural prácticamente inédita, que fue sugerida a los otros poderes del Estado, y ya tuvo repercusión positiva en la Corte Suprema de Justicia. Es de esperar que el Congreso también la acompañe.


Precisamente el máximo Tribunal tomó la iniciativa gubernamental en oportunidad de iniciar el año judicial y anunció cambios trascendentes, como la ampliación del horario de los tribunales, limitar las apelaciones para acelerar las causas de corrupción por ejemplo, analizar la operatividad del Consejo de la Magistratura y modificar los planes de la carrera de Derecho. Las prioridades que anunció el titular Ricardo Lorenzetti, con un llamado a los magistrados para hacer una autocrítica sobre el funcionamiento tribunalicio.


La modernización funcional de las estructuras republicanas es una necesidad imperiosa, mucho más allá de la desburocratización y simplificación. Es hacer un giro para situar a la Argentina en el plano internacional como nación moderna, actualizada en el tiempo y con repercusión en el crecimiento económico.


Es así que nuestro país, con estas reformas, podrá ingresar como miembro pleno en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), una de las aspiraciones del presidente Mauricio Macri. El organismo internacional exige para ello eliminar figuras jurídicas que afectan tanto al Estado como al sector privado, que incidan en la productividad y potenciar los mecanismos del mercado comercial, o que frenen las inversiones productivas.


De no interferir el sector político en la modernización del Estado y con el impacto económico que esto representa, el denominado "costo argentino' que repercute en el déficit fiscal y en todos los sectores productivos, bajará sin duda y hará competitivo al país.


Las cifras lo dicen. Argentina ocupa el puesto 117 con 58,11 puntos en una tabla del Banco Mundial que mide las facilidades que ofrecen 190 países en transacciones y facilidades para radicaciones de negocios. Estamos por debajo del promedio mundial y lejos de México y Chile que ocupan los puestos 49 y 55 del ránking liderado por Nueva Zelanda y Singapur.