El dirigente sindical Hugo Moyano sigue sumando causas en la medida que la Justicia avanza en las investigaciones de sus actividades. En primer lugar existe el convencimiento de que hay indicios suficientes para sostener la acusación por defraudación y lavado de dinero, en la compra de unos inmuebles en Córdoba, por la que ha sido citado a declarar el jueves 31 del corriente, en aquella ciudad. Por otra parte hay una causa por extorsión a empresarios del transporte, en la que si bien no se lo vincula directamente, en su carácter de máximo dirigente del gremio de los camioneros tiene responsabilidad en las actuaciones. Este caso ya ha dado lugar a dos allanamientos en la sede sindical en menos de una semana, en los que se han encontrado valores que servirían para incriminar a esa dirigencia.

Otro caso judicial en el que también está involucrado Moyano es el procesamiento al presidente de la empresa de correo privado OCA, Patricio Farcuh, y gerente de la firma, Mario Aste, por no haber depositado aportes patronales durante tres meses. Farcuh y Aste mantienen una disputa por la empresa y en el medio está Moyano que de los 7.000 trabajadores de la firma 6.300 son afiliados a su sindicato.

Cada uno de estos casos tienden a agravar la situación en la que se encuentra Moyano, quien además de la presión judicial viene tratando de evitar una intervención del gremio que conduce, lo que sería muy grave ya que dejaría expuesto todo el movimiento interno de este sindicato que, como se conoce, tiene amplias vinculaciones en numerosos sectores de la vida nacional.

El delicado panorama no es nuevo, ya que comenzó a gestarse antes de 2015, en los primeros enfrentamientos entre Moyano y la entonces presidente Cristina F. de Kirchner. Luego con el cambio de gobierno la situación se empeoró y esto fue lo que determinó que a mediado de febrero del corriente, el líder camionero organizara una gran manifestación en busca de medir fuerzas con el Gobierno nacional.

La convocatoria no fue todo lo contundente que esperaba y por lo tanto no consiguió los efectos perseguidos: frenar la embestida judicial que según Moyano estaba alentada por el Gobierno.

Los casos que la Justicia investiga ponen en evidencia que tras la imagen de sindicalista preocupado por el bienestar de los trabajadores del sector al que representa se oculta un dirigente que ha venido utilizando el poder que le confiere el gremio para hacer negociaciones en beneficio propio.