El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2017, que en enero último firmó el presidente Macri estableciendo las condiciones para la expulsión de extranjeros con causas penales, generó cuestionamientos por parte del Ministerio Público Fiscal, que lo calificó como inconstitucional y envió a las fiscalías de todo el país un instructivo con argumentos para oponerse a su aplicación. 

En realidad se trata de una reforma a la ley de Migraciones implementada por la presidencia, en el marco de un hecho delictivo de un menor de 15 años acusado de haber matado a otro joven, que derivó en el regreso a su país de origen, Perú. La reforma contempla también la prohibición de ingreso a la Argentina de personas con antecedentes penales. 

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien desde el primer momento no avaló el decreto promovido por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, debió en estos últimos días soportar la descalificación y el enfrentamiento de la funcionaria nacional. 

El Ministerio Público Fiscal considera que el DNU es "inválido'', al "no advertirse una situación excepcional de necesidad y urgencia''. En el instructivo enviado por Gils Carbó a las fiscalías se expresa que "no sólo no se demuestra la urgencia de la situación, sino que tampoco se logra acreditar...la existencia del vínculo entre delincuencia y migración''. 

Mientras el Ministerio de Seguridad defiende su posición respecto del decreto como una herramienta contra la inseguridad, desde la Procuradoría se sigue insistiendo en que hay que impugnar la constitucionalidad de la reforma a la ley de Migraciones, que fue dispuesta evitando el trámite parlamentario. 

Las partes en conflicto deberán llegar a un acuerdo sensato para no caer en los extremismos de considerar a todos los inmigrantes como delincuentes, ni permitir la libre circulación de narcotraficantes, contrabandistas o tratantes de personas. Si la necesidad y urgencia existió habrá que darle ahora el marco apropiado para que la norma no caiga en la inconstitucionalidad y de esa forma acercar posiciones entre los que deben garantizar la seguridad y los encargados de administrar justicia.