En el Gobierno nacional, y en particular el presidente Mauricio Macri, no disimulan la tensa situación por la que atraviesa la relación del oficialismo con la Justicia. Lejos de las sutilezas con que suelen criticarse ciertas medidas a fin de no lesionar la división de poderes, este malestar se manifiesta con declaraciones directas, como en el inesperado e insólito caso de Cristóbal López por un cambio de carátula en el expediente para procesarlo como un simple evasor impositivo.


También se lee entre líneas las implicancias políticas de la acordada de la Corte Suprema de Justicia que anuló el Tribunal Oral Federal 9, que se había federalizado mediante una ley promovida por el Gobierno. La decisión del alto Tribunal fue un balde de agua fría porque era el ámbito que iba a juzgar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por primera vez, por actos de corrupción. Además, se trataba de los magistrados que por sorteo debían tratar la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por el presunto encubrimiento del atentado contra la AMIA.


La Corte Suprema no sólo ordenó que se volvieran a sortear todas las causas sino que también rechazó la federalización. Por mayoría el cuerpo se negó a habilitar al nuevo tribunal integrado por jueces que nunca estuvieron en los tribunales de Comodoro Py, algo que para el oficialismo era una garantía de idoneidad.


Pero el deterioro de esta relación viene del año pasado, cuando Macri acusó al Poder Judicial de trabajar poco y con privilegios - días de feria y no pago de ganancias- y el titular del Tribunal, Ricardo Lorenzetti, respondió con un plan para reformar la Justicia pero con reclamos por los recursos.


Las reformas propuestas por la Corte se presentarían en un acto formal con la participación de Mauricio Macri a fin de responder con este gesto a la inquietud presidencial.


Si toda la actualización tribunalicia responde a la modernización que se le reclama, los vínculos volverían a los cauces normales. Sin embargo la historia nos recuerda que muchas veces se habló de una transformación profunda de la administración de justicia pero terminó siendo superficial. En los hechos los jueces nunca mostraron una real predisposición para cambiar sus arcaicos procedimientos burocráticos.