En ámbitos de la Superintendencia de Servicios de Salud hay una disposición que se tendría que haber implementado desde hace tiempo y que por diversos motivos está en suspenso. Se trata de la obligatoriedad de que los sindicalistas que manejan obras sociales presenten una declaración jurada patrimonial integral conforme los términos y oportunidades establecidos en la Ley 25.188 (de Ética en Ejercicio de la Función Pública) y sus modificatorias, "garantizando el carácter público, la libre accesibilidad y la consulta por toda persona interesada en forma gratuita a través de internet+. Es decir, poniendo al alcance de cualquier ciudadano una información que revela la cantidad de bienes de los principales jefes sindicales del país.

El Gobierno nacional ya había amenazado con hacer efectiva la modificación del decreto 576/93, que reglamentó la ley 23.660 y establece los requisitos que deben cumplir quienes dirigen y administran las obras sociales, en ocasión de la marcha a la Plaza de Mayo de la CGT, de agosto del año pasado. En esa oportunidad la medida, que finalmente no fue implementada, actuó como advertencia al sector sindical para que desistiera de nuevas manifestaciones en contra del Gobierno. Ahora, a poco de comenzar el debate de la reforma laboral se vuelve a hablar de un tema que resulta muy sensible a los gremios.

Más allá del oportunismo que rigen las negociaciones políticas o legislativas, en este caso no se puede estar especulando con la no aplicación de una norma a la que, durante años, se han opuesto los gremialistas. Los fondos de obras sociales que manejan los sindicalistas pertenecen a los trabajadores y por lo tanto su administración debe ser transparente y accesible al público en general.

El sindicalismo no puede utilizar su capacidad negociadora con el Gobierno para postergar o evitar que la disposición entre en vigencia, con el solo objeto de resguardar una información que si no oculta ninguna irregularidad, no habría motivos para que no se ponga a disposición de la ciudadanía.

Teniendo en cuenta que esta iniciativa deberá ser incluida posteriormente en el proyecto de la nueva ley de integridad pública, y que casi la totalidad de los jefes sindicales la han rechazado, no se debería dejar que siga actuando como un elemento de presión y aplicarla definitivamente. Caso contrario se es cómplice de una actitud que debe ser desechada entre las costumbres de nuestro país.