El tema de la reforma impositiva viene ocupando espacios de análisis de expertos desde que se conoció la iniciativa del Gobierno nacional de avanzar en cambios sustanciales en material fiscal, acompañados por las provincias para evitar superposiciones tributarias y, particularmente aquellas abusivas.


En este espacio se ha señalado reiteradamente esa inequidad tributaria y, en particular, el sostenimiento de gravámenes de emergencia, aplicados "por única vez" para atender tiempos de crisis económicas y sociales, pero que una vez superadas se mantienen dentro de la recaudación fiscal.


Los sanjuaninos seguimos pagando con la boleta de luz, tributos arbitrarios como el del Lote Hogar, un operativo habitacional desaparecido hace décadas; también el Fondo Solidario Hospitalario dispuesto para atender necesidades de la salud pública que ya no existen. Se suma al consumo eléctrico el aporte a una línea de interconexión de 500 Kw y el Fondo PIEDE, del que poco se sabe en cuanto a inversiones.


Pero lo que plantea un contrasentido son las contribuciones municipales que se actualizan discrecionalmente, sin ajustarse a los índices inflacionarios, tal como ha denunciado la Asociación de Viñateros Independientes en un reclamo al Gobierno provincial, a fin de eliminar de las boletas de consumo eléctrico para riego agrícola y producción agroindustrial. Debe recordarse que todos estos cargos tienen IVA y la sumatoria hace impagable la tarifa y los componentes tributarios, más el cargo fijo para quienes tienen pozo o sistemas presurizados de riego.


También surge el interrogante de lo que verdaderamente se paga a las comunas, porque además de las contribuciones sobre inmuebles, comercio y otros servicios, se debe pagar aparte el alumbrado público y el uso del espacio aéreo. En definitiva, los productores se sienten indefensos porque lo gravámenes adjuntados en la facturación han encarecido el servicio en un 70% ante la quita de los subsidios nacionales que venían recibiendo en concepto de generación y transporte por consumo y potencia instalada.


En cuanto a los impuestos anacrónicos y cargos obsoletos fijados por ley, es necesario que el Poder Ejecutivo promueva la derogación como también interceder ante los municipios para que revisen las contribuciones con la razonabilidad que demandan los afectados, productores y usuarios en general.