La convivencia política y el respeto a la libertad de expresión garantizada por la Constitución se han visto ensombrecidos en San Juan, por el ataque repudiable sufrido por una vecina de nuestra ciudad perteneciente a la agrupación Ciudadanos Autoconvocados, que se manifiesta en contra del Gobierno nacional. El ataque patotero frente al domicilio de la Lic. María Belén Varela por un grupo de unas 30 personas no identificadas, con rostros cubiertos y portando redoblantes, se perpetró durante cuatro horas, perfectamente organizado sin que ninguna autoridad policial le pusiera fin a pesar de la elocuencia de las imágenes en las redes sociales.

Precisamente los hechos viralizados, observados por miles de personas, indicaron que nada se improvisó sino todo lo contrario, desde las tareas de inteligencia para determinar el domicilio de la mujer y la logística con un colectivo que llevó a los inadaptados a las cercanías del lugar y a un puntero político manejando el escrache y proveyendo de agua al grupo que incluso fue enfrentado por la vecina ante la pasividad de una policía complaciente.

Si algún militante cercano al oficialismo creyó que con esta forma de amedrentar podría silenciar algunas expresiones opuestas a la visita presidencial, logró todo lo contrario, porque San Juan fue noticia nacional por la violencia ejercida contra la oposición y la libertad de pensamiento como derecho supremo de la ciudadanía.

El gobernador Sergio Uñac ha expresado que en estos hechos debe actuar la Justicia penal. "Podemos pensar distinto, pero hay canales de diálogo y discusión como el Acuerdo San Juan y las elecciones", señaló, en tanto el intendente de la Capital repudió el patoterismo adelantando que va a denunciar penalmente el próximo escrache, porque "moral y jurídicamente tenemos la obligación de denunciar", dijo. Seguramente pensó en el futuro porque este caso ya fue presentado en la Fiscalía Correccional 5.

No obstante, el Ejecutivo deberá pronunciarse ahora ante un pedido de informes de los bloques opositores de la Legislatura que coincide con muchos interrogantes de la opinión pública, debido a la preocupación por un clima de intolerancia que no se recuerda en el retorno de la democracia en nuestra provincia. Deben deslindarse responsabilidades y encauzar a militantes sociales, políticos o sindicales que actúan por internas partidarias u otros intereses ajenos al marco y la convivencia institucional que se necesita ahora más que nunca. Nada debe vulnerar los derechos y garantías constitucionales.