El Gobierno nacional entendió finalmente la inconveniencia de aplicar un impuesto al vino, al escuchar los reclamos de las provincias productoras, en particular San Juan y Mendoza, por el quebranto que amenazaba a las economías regionales con impacto directo en las 40.000 personas que dependen de esta actividad. Rever un gravamen previsto en la reforma impositiva ha sido un éxito de la movilización de viñateros, bodegueros y de todos los involucrados en esta actividad y la firme gestión de los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac, y de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Como había expresado el mandatario sanjuanino, el proyectado impuesto de 10% al vino y 17% a los espumosos, fue una decisión tomada entre cuatro paredes sin tener en cuenta que se trata de la bebida nacional protegida por ley y, peor aun, calificándola como dañina para la salud. Los tecnócratas hicieron un cálculo fácil: si el agua envasada tributa 5% y el vino nada, le ponemos a este un 10 por ciento.

El desconocimiento de las medidas adoptadas en las segundas líneas carecen habitualmente de la visión del proceso de la marcha de las economías regionales y la mano política es necesaria para ubicar a todos en la realidad. El presidente Macri aplicó perfectamente su prédica para superar obstáculos, mediante el diálogo y proceder logrando el consenso sectorial, es decir aceptando planteos que en este caso imponía una marcha atrás. Es que con el impuesto proyectado se iban a recaudar cifras poco significativas, más por la caída del consumo y el achicamiento de un sector exportador esforzado en alcanzar alta competitividad.

La vitivinicultura sigue de pie, gracias a la unión de todos: la dirigencia y del empuje de los gobiernos que tuvieron la receptividad buscada en la Nación, con el éxito logrado. Este contexto público y privado tras un bien común, marca una diferencia rotunda con el gobierno anterior, cuando las medidas de gobierno no se discutían porque la Casa Rosada se consideraba dueña de la verdad, y si se escuchaban voces disonantes, se redoblaba la apuesta. Tampoco se podían analizar estas decisiones en el Congreso, porque a cada proyecto de ley lo votaban a libro cerrado por una mayoría disciplinada y temerosa. Es evidente que ha vuelto la razonabilidad política en torno a la mesa del diálogo.