Un grupo de 18 socios productores denunció penalmente por presunta estafa al escritor Hernán Casciari, socio gerente de Orsai Audiovisuales, por supuestas irregularidades en el manejo de inversiones destinadas a películas, series y documentales. Los denunciantes aseguran que recibieron retornos mínimos o nulos, cuestionan la falta de documentación respaldatoria y piden que la Justicia investigue el destino del dinero aportado.
Denunciaron por presunta estafa a Hernán Casciari por el manejo de fondos de producciones audiovisuales
Dieciocho inversores que aportaron entre 50 y 3.000 dólares a proyectos de Orsai Audiovisuales reclaman una auditoría contable y denuncian falta de rendiciones claras y presuntos cruces de fondos.
La presentación, realizada por medio del abogado Ariel Gil Ces, sostiene que Casciari habría promocionado inversiones con promesas de rentabilidad que, en algunos casos, incluían la posibilidad de duplicar o triplicar el capital. Los inversores también cuestionan la administración de los fondos y afirman que no recibieron información suficiente para verificar los ingresos y egresos de cada producción.
Según el escrito, cada uno de los denunciantes aportó entre 50 y 3.000 dólares, pero los retornos obtenidos no habrían superado, en la mayoría de los casos, el 3% del capital invertido. Algunos aseguran que no recuperaron el dinero. La investigación busca determinar si los perjuicios individuales estuvieron relacionados con una operatoria común.
La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34 y la Fiscalía N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires. Entre los proyectos involucrados figuran La Uruguaya, Canelones, La muerte de un comediante, Sola en el Paraíso, Cinco Guiones, Emi On Off y D.A.M., un documental sobre Diego Maradona.
Qué cuestionan los inversores de Orsai Audiovisuales
El modelo de financiamiento impulsado por Orsai proponía que quienes compraran bonos se convirtieran en socios productores, con participación proporcional en los ingresos de las obras y acceso a información financiera. De acuerdo con la denuncia, también se contemplaban rendiciones de gastos y participación en determinadas decisiones vinculadas con los proyectos.
Sin embargo, los firmantes sostienen que, ante sus consultas, recibieron planillas con cifras generales, pero sin facturas, contratos, recibos ni otros documentos que permitieran comprobar los movimientos económicos. También cuestionan que no se hayan presentado presupuestos detallados por rubro ni rendiciones diferenciadas cuando una producción modificó su formato o sus condiciones de distribución.
Uno de los casos mencionados es Canelones, que inicialmente fue anunciado como una miniserie de seis capítulos, luego como una serie de cuatro episodios y, más tarde, como una película. Según el escrito, los socios asistieron en 2024 a una proyección de una versión que todavía tenía aspectos técnicos pendientes. En julio de 2026, la empresa comunicó el estreno cinematográfico para el 6 de agosto y un posterior lanzamiento en una plataforma de streaming.
Los denunciantes cuestionan que esas decisiones se hayan comunicado sin instancias previas de consulta con quienes financiaron el proyecto.
La sospecha por el presunto traslado de fondos entre producciones
Uno de los ejes del reclamo es la posibilidad de que dinero aportado para una producción se haya utilizado para cubrir necesidades de otra, sin el consentimiento de los inversores involucrados. La presentación alude a declaraciones públicas atribuidas a Casciari sobre el uso de recursos de proyectos posteriores para afrontar gastos extraordinarios de otras obras.
Los socios sostienen que cualquier movimiento de ese tipo debía ser informado y autorizado, debido a que los grupos de inversores no necesariamente coincidían entre una producción y otra.
En relación con La Uruguaya, el escrito señala que la película habría recaudado cerca de 600.000 dólares. Los denunciantes afirman que recuperaron el capital invertido tras la venta de derechos para América Latina, pero aseguran que no recibieron ganancias posteriores, pese a los anuncios sobre posibles operaciones comerciales en otros territorios.
También cuestionan los resultados económicos de La muerte de un comediante, dirigida y protagonizada por Diego Peretti. Según los casos incluidos en la denuncia, hubo inversores que recibieron entre 1 y 84,60 dólares por aportes que oscilaron entre 50 y 3.000 dólares.
Otro de los proyectos señalados es Emi On Off, una producción de animación vinculada con el futbolista Emiliano Martínez. Los denunciantes afirman que fue cedida a PEGSA y luego relacionada con Netflix, con modificaciones en el formato que, según sostienen, no fueron consultadas con quienes habían financiado la propuesta original.
En cuanto a D.A.M., el documental sobre Diego Maradona, los inversores plantean que la venta de bonos continuaba mientras se tramitaban derechos de imagen. Además, atribuyen a Casciari declaraciones públicas según las cuales Orsai Audiovisuales había dejado de existir y el proyecto pertenecía a Orsai Tech, aunque la comercialización de bonos seguía disponible en el sitio de la firma denunciada.
Qué medidas solicitaron a la Justicia
Los denunciantes pidieron una rendición integral de cuentas y una auditoría contable de Orsai Audiovisuales para determinar el destino de los aportes y establecer si existieron irregularidades en la administración de los fondos.
También solicitaron que se requiera información a la Inspección General de Justicia (IGJ), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Banco Central de la República Argentina y el Registro Nacional de las Personas. Entre las medidas propuestas figura la identificación de cuentas bancarias de la sociedad y de Casciari.
Como elementos de prueba, los firmantes presentaron comprobantes de transferencias, correos electrónicos, términos y condiciones, cartas documento, capturas de billeteras virtuales y registros de intervenciones públicas. Según el escrito, algunos reclamos formales enviados a domicilios vinculados con la empresa y sus responsables fueron rechazados, devueltos o no obtuvieron respuesta.
Por último, solicitaron que Casciari y cualquier otra persona que pudiera resultar involucrada sean convocados a declaración indagatoria cuando corresponda según el avance de la investigación. La denuncia plantea acusaciones que deberán ser analizadas por la Justicia y no implican, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.
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