En las últimas horas del martes comenzó a circular entre los fiscales sanjuaninos una instrucción del fiscal General, Guillermo Baigorrí, vinculada a la relación del Ministerio Público con los medios de comunicación. Fuentes extraoficiales confirmaron a DIARIO DE CUYO que el jefe de los fiscales pidió que toda comunicación pública sea canalizada a través de la Oficina de Comunicación, a cargo de Sofía Correa Martí.
La decisión de Baigorrí para ordenar la comunicación de los fiscales con la prensa y reforzar la institucionalidad
Fuentes extraoficiales comentaron que el jefe del Ministerio Público pidió a los fiscales canalizar todo a través de la Oficina de Comunicación.
Según explicaron las fuentes consultadas, la medida no implica restricciones para que los fiscales informen sobre su trabajo, sino que busca ordenar los canales institucionales y profesionalizar la difusión de la actividad del Ministerio Público.
"El fiscal tiene toda la libertad para comunicar lo que quiera; el pedido es que lo haga a través de la encargada de la Oficina, Sofía Correa Martí", señalaron. También aclararon que la responsable del área únicamente puede difundir información previamente autorizada por cada fiscal.
La decisión forma parte de una línea de trabajo que Baigorrí planteó desde su llegada a la Fiscalía General. Apenas asumió, en noviembre de 2025, manifestó a DIARIO DE CUYO su intención de fortalecer la comunicación institucional y poner en pleno funcionamiento la Oficina de Comunicación. Ese proceso se concretó en febrero de este año con la designación de Correa Martí al frente del área.
De acuerdo con las fuentes, el objetivo es evitar superposiciones, garantizar criterios uniformes y asegurar que todos los medios tengan acceso a la misma información. También busca ordenar situaciones que se han repetido en distintas oportunidades, cuando algunos fiscales realizaron comunicaciones o contactos con la prensa sin una coordinación previa dentro de la estructura institucional.
La decisión se conoció en una jornada de intensa actividad judicial. Horas antes, el Consejo de Fiscalías y Asesorías de San Juan (CONFIAS) había difundido un comunicado institucional referido a la controversia generada por la causa de los denominados "robarruedas", en la que la fiscal Claudia Salica mantuvo diferencias de criterio con el juez de Garantías Diego Sanz respecto de la participación de una víctima en una audiencia.
En ese documento, la entidad expresó su preocupación por la aplicación de criterios que, según sostuvo, carecen de respaldo legal. La vicepresidenta de CONFIAS, Daniela Pringles, explicó a este diario que "la postura es respaldar a los fiscales porque, como funcionarios públicos que somos, podemos presentar ante un juez un acta firmada por una persona prestando consentimiento. Es más que suficiente para que un acuerdo sea homologado".
El pronunciamiento generó repercusiones dentro del ámbito judicial. Mientras tanto, el Colegio de Magistrados analiza la situación y evalúa fijar una posición institucional. Su presidente, Pablo Farina, había señalado recientemente que existe voluntad de avanzar en espacios de articulación entre las distintas instituciones judiciales. "Todos tenemos que apuntar a que funcione mejor el Poder Judicial para brindar un mejor servicio de justicia", sostuvo.
La decisión del jefe del Ministerio Público también se inscribe en un estilo de gestión que viene impulsando desde su desembarco. A diferencia de la etapa confrontativa de Eduardo Quattropani, caracterizadas por fuertes disputas públicas entre el Ministerio Público y la Corte de Justicia, el actual jefe de los fiscales apostó por una relación institucional más fluida con el máximo tribunal provincial. Tanto los ministros de la Corte como el propio Baigorrí destacaaron en distintas oportunidades el clima de trabajo construido durante los últimos meses.