La crisis carcelaria se cobró una nueva víctima, esta vez dentro del gobierno de Michel Temer : el secretario nacional de Juventud, Bruno Moreira Santos, renunció a su cargo luego de las críticas que recibió por haber dicho a la prensa que "debería haber una masacre por semana". Al comentar las dos matanzas en prisiones que ocurrieron esta semana -en la Penitenciaría Agrícola Monte Cristo, en Boa Vista, Roraima, que ayer dejó 31 muertos; y en el Complejo Penitenciario Anísio Jobim, en Manaos, Amazonas, que el lunes acabó con 56 presos asesinados-, el funcionario señaló que las bandas criminales que protagonizaron los crímenes "deberían matarse más".

"Soy un poco duro con eso, soy hijo de un policía. Deberían matarse más. Debería haber una masacre por semana", opinó Moreira Santos durante una entrevista que fue publicada anoche en la página web del diario carioca O Globo e inmediatamente generó un aluvión de rechazo. Pocas horas después, el funcionario, que ya era investigado por una denuncia de violencia doméstica, presentó su renuncia al presidente Temer, que la aceptó sin dudarlo. El mismo mandatario había sido muy criticado esta semana por su silencio después de la primera masacre carcelaria en Manaos.

"Hay una valorización muy grande de la muerte de los condenados, mucho mayor que cuando un bandido mata a un padre de familia que está saliendo o volviendo del trabajo. Lo que quise decir fue que, aunque el presidiario también merezca respeto y consideración, tenemos que valorizar más el combate a la violencia con mecanismos que el estado no ha conseguido colocar a disposición de la población plenamente", aclaró luego en las redes sociales Moreira Santos, quien recordó que, como hijo de un agente de policía, "entiende el dilema diario de todas las familias", cuando su padre salía de casa y vivía la incertidumbre de no saber si regresaría "por el crecimiento de la violencia".

Una crisis estructural

Las brutales muertes en las prisiones de Brasil esta semana, con cuerpos descuartizados y decapitados, pusieron nuevamente en atención dos problemas candentes del país. Primero, la guerra entre las dos principales bandas criminales brasileñas, el Primeiro Comando da Capital (PCC), con base en San Pablo, y el Comando Vermelho (CV), de Río de Janeiro, que después de años de tregua, desde junio último se disputan ferozmente las rutas del narcotráfico provenientes de los países fronterizos como Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay. Y, en segundo lugar, reavivaron la alarma sobre la sobrepoblación en las cárceles del país, que albergan a más de 622.000 reclusos, casi el doble de su capacidad, en condiciones de hacinamiento.

La salida de Moreira Santos en medio de las críticas debilita aún más al gobierno de Temer, que con apenas seis meses en el poder desde el polémico impeachment a Dilma Rousseff, ya ha perdido seis asesores con rango ministerial: Romero Jucá (Planificación), Fabiano Silveira (Transparencia, Fiscalización y Control), Henrique Alves (Turismo), Fabio Medina Osorio (Abogado General de la Unión), Marcelo Calero (Cultura) y Geddel Vieira Lima (Secretaría de Gobierno). La mayoría de estos funcionarios estuvo envuelta en denuncias por intentos de controlar las investigaciones de corrupción de la Operación Lava Jato, sobre el escándalo de sobornos en Petrobras, o por acusaciones de irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo a filtraciones del acuerdo de delación premiada que firmaron con la Justicia 77 ejecutivos de la compañía Odebrecht -principal involucrada en el "petrolão"-, el propio Temer ha sido señalado como beneficiario de las coimas de la empresa. Se espera que el Supremo Tribunal Federal ratifique el acuerdo con los "arrepentidos" entre febrero y marzo, lo que podría generar mayor inestabilidad para este gobierno que nació debilitado.