La pandemia de coronavirus provocó otras 9 muertes en Chile en las últimas 24 horas, el peor registro diario desde que se detectó el primer fallecimiento por COVID-19 en el vecino país y que ya elevó la cifra total de defunciones a 57.

Además se contabilizaron este jueves 426 nuevos casos positivos de coronavirus, por lo que el número total de contagiados desde el pasado 3 de marzo, cuando ocurrió el primer caso, ascendió hasta 5.972, de los cuales 1.274 se recuperaron y otros 360 permanecen en unidades de tratamientos intensivos, con 54 personas en condición crítica, según informó el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

"Esperamos que siga un aumento discreto en las próximas semanas", agregó Mañalich, quien dijo además que en las últimas horas se ha incrementado el número de exámenes y que se rozan los 8.000 diarios, uno de los más altos de la región.

Los expertos esperan que el pico de contagios se dé entre finales de abril y principios de mayo, lo que ha obligado a postergar el histórico plebiscito constitucional que estaba previsto para el 26 de abril y que estaba llamado a calmar las graves protestas sociales contra la desigualdad que estallaron el pasado octubre.

Chile se encuentra bajo el estado de excepción por catástrofe, con toque de queda desde las 22, las clases suspendidas hasta mayo y las fronteras, los centros comerciales, los cines, los restaurantes y los comercios que no sean de primera necesidad cerrados.

Pese al considerable aumento en el número de muertes y contagios diarios de COVID-19, el Gobierno chileno a cargo de Sebastián Piñera ha descartado decretar la cuarentena obligatoria en todo el territorio, como han hecho Argentina y Perú, y en cambio prefiere continuar con una "cuarentena progresiva y específica", la cual va confinando o liberando a distintas ciudades y barrios en función del número de contagios por metro cuadrado.

Hasta la fecha se mantiene la cuarentena en seis comunas de Santiago de Chile, además de otras zonas del país como Chillán, Osorno, San Pedro de la Paz o Temuco, unas medidas que afectan a casi dos millones de personas de una población total de 18.