La crisis política y social en Bolivia sumó un nuevo episodio de violencia luego de que el Gobierno reconociera este lunes la muerte de un civil durante los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes que bloqueaban una de las principales rutas del país. El hecho ocurrió tras el fracaso del operativo militar y policial que buscaba habilitar un “corredor humanitario” para garantizar el ingreso de alimentos, combustible y medicamentos a las ciudades de La Paz y El Alto.
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El Gobierno de Bolivia confirmó un muerto tras el fallido operativo para liberar las rutas cortadas
La crisis en Bolivia se agravó luego de que el Gobierno reconociera la muerte de un civil durante los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes que bloqueaban la ruta entre La Paz y Oruro.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, admitió públicamente el fallecimiento de Víctor Cruz Quispe y pidió disculpas por haber negado inicialmente que hubiera víctimas fatales. Según explicó, la información fue confirmada durante la madrugada del domingo, horas después del operativo realizado en la carretera entre La Paz y Oruro.
La muerte elevó aún más la tensión en un país que lleva 20 días de protestas, cortes de rutas y enfrentamientos protagonizados por sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al expresidente Evo Morales, quienes exigen la renuncia del mandatario Rodrigo Paz.
Bolivia atraviesa una escalada de violencia y desabastecimiento
El operativo de desbloqueo se desarrolló el sábado sobre la carretera troncal que conecta La Paz con Oruro, una vía estratégica para el abastecimiento de la sede de Gobierno. Las autoridades intentaban permitir el paso de camiones con alimentos, combustible e insumos médicos hacia las ciudades más afectadas por los bloqueos.
Sin embargo, el intento terminó en violentos enfrentamientos en distintos puntos de la ruta. Los disturbios derivaron en la quema de oficinas estatales y daños contra vehículos que acompañaban el convoy oficial.
Horas después, medios locales difundieron el informe forense que confirmó la muerte de Víctor Cruz Quispe por un impacto de arma de fuego. El hecho ocurrió cerca de la localidad de Vilaque, una de las zonas más conflictivas del altiplano boliviano.
La Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos reclamaron una investigación “urgente, independiente y transparente” para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y las denuncias de abusos durante el operativo.
Desde el Gobierno, Gálvez aseguró que los efectivos policiales y militares no portaban armas de fuego y que únicamente utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. No obstante, afirmó que el Ejecutivo impulsará una investigación para determinar responsabilidades.
La crisis también comenzó a impactar gravemente sobre la población civil. Los bloqueos ya provocaron problemas severos de abastecimiento en La Paz y El Alto, mientras que las autoridades confirmaron otras cuatro muertes relacionadas con la imposibilidad de recibir atención médica oportuna, entre ellas la de un niño de 12 años.
Ante el deterioro de la situación, el Gobierno implementó “puentes aéreos” para transportar alimentos y medicamentos, además de recibir apoyo logístico y donaciones de países como Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú.
Rodrigo Paz endurece su postura y asegura que hará respetar la Constitución
En medio de la creciente presión política, el presidente Rodrigo Paz endureció este lunes su discurso y aseguró que hará respetar la Constitución frente a los sectores que reclaman su salida.
Durante el acto por el aniversario 217 de la gesta libertaria de Sucre, el mandatario afirmó que “una minoría no puede gobernar ni abusar del país” y defendió la legitimidad de su Gobierno, que asumió hace apenas seis meses.
Paz sostuvo que Bolivia necesita diálogo, pero rechazó negociar bajo presión mientras continúen los bloqueos de carreteras que mantienen aislado al departamento de La Paz y afectan también a regiones como Oruro, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz.
Según explicó, ese encuentro buscará abordar demandas regionales y avanzar con la implementación de 2.000 proyectos de desarrollo. También negó versiones sobre posibles privatizaciones de empresas públicas o aumentos en los servicios básicos, temas que comenzaron a circular entre los sectores movilizados.