La caída del Ueno Bank abrió en pocos días una crisis financiera, judicial y política en Paraguay. La entidad fue intervenida y disuelta por el Banco Central del Paraguay (BCP), lo que dejó a millones de ahorristas sin acceso a su dinero, llevó a la detención de directivos y acorraló al presidente Santiago Peña.
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Ueno Bank: cómo un banco digital con 2,9 millones de clientes desató una crisis política en Paraguay
La intervención del Banco Central dejó sin acceso a sus fondos a casi 3 millones de ahorristas, derivó en 27 imputados, golpeó a trabajadores en la Argentina y sacudió al gobierno de Santiago Peña.
Ueno tenía 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, el equivalente al 60% de la población adulta. Era el primer banco por cantidad de clientes y el quinto por volumen de depósitos, con el 8,9% de los depósitos y el 5,9% de los créditos del sistema. Además, administraba unos USD 850 millones de organismos estatales, entre ellos el Instituto de Previsión Social (IPS), que gestiona jubilaciones y prestaciones de salud.
Su origen se remonta a 2021, cuando el Grupo Vázquez compró la Financiera El Comercio. Con una oferta centrada en la app móvil, obtuvo la licencia bancaria plena y empezó a operar como banco en diciembre de 2023. El gran salto llegó en junio de 2024, al absorber Visión Banco. En marzo de este año colocó bonos por USD 350 millones con vencimiento en 2031, a una tasa menor al 7%, que no hacía prever problemas.
Un sumario del BCP halló créditos a empresas vinculadas al Grupo Vázquez, controlante del banco, que derivaron en incumplimientos y deterioro de la liquidez. Según Última Hora, en junio Ueno transfirió una cartera de USD 74,4 millones a Vinanzas SA, una firma relacionada, después de que la Superintendencia le exigiera deshacerse de esos préstamos. El BCP sospecha que Vinanzas no tenía fondos para pagarla y que el propio banco la habría financiado de forma indirecta. Para la Fiscalía, eso pudo ocultar la situación patrimonial real de la entidad.
El martes 3 de noviembre, el BCP ordenó la intervención y disolución de Ueno, tras comprobar que su índice de solvencia cayó por debajo de la mitad del mínimo exigido. Se suspendieron la app, las tarjetas y el resto de los servicios. Hubo largas filas frente a las sucursales y protestas nocturnas en Asunción.
También quedaron bloqueados los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) de organismos públicos y privados, como el IPS, el Ministerio de Economía, la Conmebol, sociedades de Bolsa, empresas y cajas de jubilaciones.
Peña fue accionista de Ueno Bank hasta marzo de 2025. Por su parte, Carlos Carvallo, titular del BCP, había presidido el banco hasta julio de 2023, antes de pasar al organismo que debía supervisarlo. Al oficializarse la intervención, Peña le pidió la renuncia y nombró en su lugar a Raúl Vera Bogado, cuya designación debe ser ratificada por el Senado.
La Fiscalía imputó a 27 personas: ocho directivos de Ueno y otras 19 vinculadas a empresas investigadas. Sostiene que, entre 2025 y 2026, se otorgaron préstamos y sobregiros a empresas del mismo grupo económico sin respetar los parámetros de riesgo crediticio. Los cargos incluyen conducta indebida en situación de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de normas contables.
El mayor accionista, Miguel Vásquez, se presentó junto a otros siete directivos ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, que pidió prisión preventiva para él y arresto domiciliario para el resto.
El BCP anunció un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes (unos USD 1.675). Luego, el Congreso aprobó en tiempo récord una ley de emergencia, promulgada por Peña el miércoles, que habilita un anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos: hasta 40 salarios mínimos por depositante, unos 121,7 millones de guaraníes (USD 19.787). El pago debe instrumentarse en 24 horas y, como máximo, dentro de los cinco días hábiles de vigencia de la norma. La Asociación de Bancos (Asoban) aseguró que el resto del sistema opera con normalidad.
Kaitel SRL Sucursal Argentina, parte de ITTI, la empresa que presta servicios tecnológicos a unas 40 firmas del grupo, tiene más de 900 trabajadores en el país. Parte del personal recibió suspensiones sin goce de haberes entre el 5 de noviembre y el 4 de diciembre, y la empresa atribuyó la medida a la intervención de Ueno. Según empleados consultados por Infobae, no se acreditaron los sueldos en cuentas locales ni en la plataforma Deel.
El miércoles, diputados opositores y disidentes oficialistas presentaron un libelo acusatorio contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, con 35 firmas, amparados en el artículo 225 de la Constitución. Peña difundió un video en el que anunció su renuncia, pero el Congreso no la aceptó: legisladores del Partido Colorado abandonaron la votación y la sesión quedó sin quórum.
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