A pocos días de haber asumido como ministro de Economía, Amado Boudou aseguró que no implementará un shock de medidas y, tras despejar muchas versiones en contrario, tuvo que anunciar que el polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sigue en funciones.
Lo cierto es que desde que Kirchner llegó al poder han pasado seis ministros de economía y, exceptuando el período de Roberto Lavagna, el resto tuvo un papel secundario. Salvo que el marido de la presidenta deje de entrometerse en la dirección de la economía, no se deberían esperar grandes cambios en lo que se ha hecho hasta el momento, ni un protagonismo diferente del titular de ese ministerio. Es evidente que en el gobierno kirchnerista los funcionarios de la cartera económica prácticamente no cuentan y parecen limitarse a cubrir un espacio por una cuestión de formalidades.
El caso de Débora Giorgi es un ejemplo categórico. Una ministra de la Producción que desde que asumió sólo se animó a lanzar una serie de planes de canjes de lavarropas, calefones, heladeras y bicicletas que han resultado ser un fracaso, al igual que los créditos para comprar automóviles y camiones, mientras que los índices de producción siguen cayendo. Luego de varias reuniones, la ministra nunca logró solucionar el problema del sector agropecuario, llegando al caso inédito en la historia argentina de que en poco tiempo se tendrá que importar carne y trigo.
El antecedente de Amado Boudou como funcionario público es el de haber manejado los ahorros confiscados a quienes aportaron al sistema privado de jubilaciones. Se sabe que los sistemas jubilatorios de reparto son insostenibles por varios motivos, pero fundamentalmente porque al alargarse la esperanza de vida de la población, cada vez son más los jubilados, reduciéndose la relación entre trabajadores activos y pasivos. Una ecuación inviable que el flamante ministro de Economía parece creer acertada. También ha destinado fondos a financiar créditos a tasas menores a la inflación, con lo cual está licuando los ahorros de los actuales trabajadores, dejando el problema para futuros gobiernos y generaciones. Pero el problema de fondo es que no hay economista que pueda resolver una crisis como la que atraviesa Argentina, donde la inflación se unió a la recesión, si detrás de ese economista no hay un Gobierno que genere confianza.
La economía no es una realidad al margen de la seguridad jurídica, la credibilidad de sus gobernantes, el respeto por los derechos de propiedad y la calidad de sus instituciones.