El presidente de la Pastoral Social, monseñor Jorge Casaretto, advirtió que el documento sobre la pobreza no se pudo terminar de consensuar por la interna empresarial, expresión a su vez, de la alta fragmentación que existe en la Argentina. Al mismo tiempo, admitió que la Iglesia tuvo cierta ingenuidad al pensar que se podía avanzar más rápidamente en la búsqueda de consensos para erradicar el drama de la pobreza, al que el texto definía como una "emergencia nacional".

Ante todo conviene aclarar que, identificar la Comisión "Justicia y Paz" con la Iglesia institucional argentina en su conjunto, es un grave error de fondo. Quien impulsó el documento no fue el presidente del Episcopado y arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio, quien privilegia los gestos de marcada autonomía e independencia de los poderes públicos. No es habitual que la Iglesia emita documentos junto a otros actores políticos o sociales como pretendía el responsable de la Pastoral Social.

Más que ingenuidad, hubo cierto grado de imprudencia, teniendo en cuenta que si desde sectores oficiales se señala a los empresarios como los causantes de la suba de precios, no era conveniente publicar un texto conjunto con ellos. Lo que el país necesita no son documentos con diagnósticos, sino consensos para alcanzar soluciones. La realidad expresada en cifras es lo que revelan los valiosos aportes del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que acaba de advertir que más del 30% de la población está bajo la línea de pobreza y que hay un 12% de indigentes.

La Doctrina Social de la Iglesia, sistematizada desde 1891 con la encíclica "Rerum novarum" de León XIII, es un conjunto de principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción, pero nunca realiza análisis técnicos sobre los problemas sociales, ya que esta tarea le corresponde a los especializados en aquellas cuestiones que se pretenden resolver.

Los puntos más ríspidos del frustrado documento, fueron las referencias al modelo económico y a la vinculación entre la inflación y las políticas de ajuste. La pobreza es un drama que no se debe negar y le corresponde al Estado implementar políticas eficaces para erradicarla. Habría que buscar pues, dialogar con autoridades del ámbito político y económico, pero evitando toda confrontación estéril que ahonde las diferencias y no de respuestas a los problemas comunes que padecen los ciudadanos.