En un sentido profundo, la Justicia que hoy está en juego en el país es su relación con los otros poderes y, específicamente, dos aspectos de esta relación: el modelo de Poder Judicial y la forma de elección y remoción de los jueces.
En la primera cuestión, existen cuatro modelos de referencia en el mundo. La justicia sin poder es un modelo adoptado por Francia, en que la función debe resolver conflictos que plantean los particulares, pero carente de poder. Una segunda variante, que algunos atribuyen a Montesquieu, es el Poder Judicial atenuado, con atribuciones de controlar a los otros poderes, pero con magistrados legos y temporarios.
Un tercer modelo es el estadounidense, un Poder Judicial como poder político institucional: integra el gobierno y ejerce en forma amplia el control de constitucionalidad. La última posibilidad sería el modelo italiano-español moderno, que delimita las funciones de juzgar y controlar la constitucionalidad, junto con las tareas de gobierno interno, que quedan a cargo de un Consejo de la Magistratura. Argentina adhirió al tercer modelo, aunque con la reforma constitucional de 1994 intentó acercarse de modo muy tímido y defectuoso, al cuarto sistema.
En cuanto al acceso a los cargos: selección y elección, existen diversas formas. La elección popular es un sistema que se ha implementado en algunos Estados norteamericanos y en cantones suizos. Un segundo sistema, se expide por la adquisición del cargo. En Estados Unidos este sistema funciona razonablemente bien porque se compagina con una democracia dinámica, que incluye la alternancia de demócratas y republicanos, porque el proceso de selección incorpora una criba implícita del pueblo a través de los medios de comunicación masiva y porque las presiones que ejerce el poder político no son descaradas como aquí.
Otro método es la llamada cooptación, o elección por el propio Poder Judicial, que conduce a un vergonzoso y repudiable nepotismo. Argentina había adscripto originalmente al modelo norteamericano y, en cuanto al acceso, al sistema de selección y designación por parte del poder político, pero la degradación institucional en la que fue cayendo el país a partir de 1930, determinó un enorme colapso de esta combinación.
Convendría dotar a la función judicial de verdadero poder, e ir hacia un método de reclutamiento que persiga la eficiencia y la imparcialidad, evitando un indecoroso nepotismo que lleva al atropello de un Poder esencial en la vida democrática del país.