La investigación para cerrar el círculo sobre autores y partícipes de la millonaria estafa contra 206 familias a las que desde el "Movimiento Agropecuario Provincial" les prometieron casas del IPV, empezó a perfilarse en el Cuarto Juzgado de Instrucción dirigido por el juez José Atenágoras Vega. Ayer, este magistrado tomó una "declaración informativa" (como sospechoso) a uno de los cinco implicados que fueron apresados, Juan Carlos Ríos, y luego le concedió la libertad.

"Mi defendido (Ríos) respondió todas las preguntas que le hicieron y siempre colaboró con la investigación. Y la decisión del señor juez fue la correcta porque no hay testimonios ni otras pruebas que lo vinculen con la maniobra investigada. Ríos era militante del Movimiento y estaba encargado del área social, pero desconocía el tema de las casas", dijo ayer su defensor, Adrián Riveros.

Ríos había quedado en la mira de los policías de Estafas, porque se le atribuía ser mano derecha del principal sospechoso en la fraudulenta maniobra, el aún prófugo Carlos Alberto Albornoz.

De todos modos en el expediente consta que Ríos declaró que tanto Albornoz como otro de los detenidos del caso, Marcos Barragán, realizaron visitas a Mirta Cocinero, directora de Adjudicaciones del IPV, "sin precisar de qué hablaban en esas reuniones porque él no ingresaba", precisaron fuentes del caso.

Por ahora el magistrado no descarta que algunos funcionarios estuvieran implicados en la presunta estafa. Y ayer, el ministro de Infraestructura, José Strada, se mostró cauto con descartar la posible vinculación de sus funcionarios: "Yo no puedo decirlo, la Justicia hará su trabajo", dijo (Ver página 3).

Además de Barragán, están presos su madre Miriam Quiroga, el publicista Pedro Roldán y Alejandra Dragui, a quien algunas víctimas señalan como supuesta "asistente social".

Ayer, Dragui fue trasladada al Cuarto Juzgado de Instrucción pero el trámite de su indagatoria fue postergado para hoy. Según su defensor, Gonzalo Palacios, la mujer jamás se presentó como asistente social del Movimiento o del IPV, y simplemente se dedicaba a "relevar datos sobre los integrantes de la organización" porque para eso la habían contratado desde el Movimiento. Así, negará de plano haber conocido la existencia de gestiones y fraudes con viviendas.

"Ella es ajena a esta maniobra y ratificará lo ya declarado en sede policial, donde se presentó espontáneamente cuando estalló este escándalo", dijo ayer Palacios.

Hoy también podrían declarar alguno de los otros sospechosos. Y aunque no trascendió cuál será su estrategia defensiva, informalmente varios de ellos apuntaron sus dardos por lo menos contra el prófugo Carlos Albornoz, quien no se presenta ni es hallado por la policía, y por quien su madre teme la peor de las suertes.