La confrontación y hostigamiento que viene sufriendo el periodismo independiente en la Argentina, por parte de la intolerancia a la diversidad de opiniones, se agravó en los últimos tiempos más allá de las continuas trabas a la libertad de expresión.
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Los reclamos de la prensa libre
La intolerancia ya lesiona al Estado de derecho, en el cual la prensa es pilar del andamiaje institucional. Es preocupante que el oficialismo considere enemigos a quienes no comparten los lineamientos de un modelo y a la vez los intente silenciar con métodos que van desde la descalificación a medios y personas, hasta la asfixia fiscal y económica. Tal el preocupante diagnóstico al que arribó y dio a conocer en un documento crítico, la reciente asamblea de la la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), puntualizando los embates de un gobierno que tiene a la libertad de expresión como un objetivo a aniquilar.
El duro pronunciamiento de la entidad que nuclea a casi toda la prensa escrita y digital del país, advierte el grave debilitamiento de este aspecto de la democracia y, para el sector, la amenaza cierta de desaparición de unas 40 publicaciones -la mayoría de provincias- por el manejo arbitrario y discrecional de la publicidad oficial que castiga o premia las líneas editoriales. Además se somete a las empresas a una "presión confiscatoria", dice ADEPA, intimando, de manera abusiva a través de la Afip, a centenares de publicaciones mediante cartas-documento, inspecciones integrales, determinaciones de deuda cuya existencia está en debate y otras formas de presión.
ADEPA señala con acierto los riesgos que corren los principios del ordenamiento constitucional, en cuanto a la libertad de expresión. Y exhorta a la no regulación de contenidos periodísticos; el respeto a la situación actual de los medios, sin legislar retroactivamente, preservando el pluralismo y la diversidad existentes; evitar la discrecionalidad en la autoridad de aplicación y garantizar la seguridad jurídica, entre otras formas castigadas por el poder.
Si se le agrega la presión oficial para imponer el proyecto de la nueva ley de radiodifusión -algunos funcionarios la llaman "la madre de todas las batallas"-, que resume un pensamiento único, lejos de otras propuestas y del debate multisectorial, la amenaza de acallar voces disidentes es una meta inminente.