La investigación que pone bajo sospecha el manejo de los negocios internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino entró este jueves en una etapa decisiva. Un Gran Jurado federal con sede en Miami comenzó a recibir declaraciones testimoniales y documentación relacionada con TourProdEnter LLC, la empresa que interviene en la explotación comercial de la Selección en el exterior.
Causa AFA: comienza la ronda de testimonios que puede derivar en acusaciones en Estados Unidos
Un Gran Jurado de Florida escuchará a testigos y analizará nuevas pruebas para definir si existen fundamentos para presentar cargos penales contra Chiqui Tapia y Pablo Toviggino
Las audiencias se desarrollan bajo estricta reserva y los testigos convocados no fueron identificados públicamente. Una orden de comparecencia —conocida en Estados Unidos como subpoena— exige entregar archivos, registros electrónicos, movimientos bancarios y comunicaciones relacionadas con TourProdEnter.
El requerimiento incluye los intercambios mantenidos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; el tesorero, Pablo Toviggino; el dirigente Diego Lucero; y el empresario Javier Faroni, uno de los propietarios de la compañía investigada. Que sus nombres aparezcan en el pedido de información no significa que hayan sido imputados ni acusados formalmente.
Los millones bajo sospecha y la ruta que intenta reconstruir la Justicia
La investigación busca determinar si existieron maniobras que puedan encuadrarse en los delitos de lavado de dinero y fraude bancario mediante el uso del sistema financiero estadounidense. La hipótesis apunta a la administración y eventual desvío de ingresos generados por partidos amistosos, patrocinios y otros acuerdos comerciales de la Selección argentina fuera del país.
El centro de la pesquisa es TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en Estados Unidos y vinculada a Faroni y a su esposa, Erica Gillette. Según las estimaciones publicadas dentro de la investigación, la firma habría administrado entre US$260 millones y cerca de US$300 millones desde 2021, provenientes de contratos internacionales y acuerdos con compañías como Adidas y Warner.
Los investigadores procuran reconstruir el recorrido completo del dinero. Entre las entidades bancarias mencionadas aparecen JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank, a través de las cuales se habrían canalizado operaciones relacionadas con los contratos puestos bajo análisis.
El expediente estadounidense se habría originado luego de una presentación del agente FIFA Guillermo Tofoni, quien mantiene un conflicto comercial con la AFA. El empresario sostiene que la entidad incumplió un acuerdo de representación relacionado con los amistosos de la Selección para favorecer el ingreso de TourProdEnter. A partir de esa disputa, entregó documentación a autoridades estadounidenses y denunció posibles irregularidades en las operaciones financieras.
La polémica también se alimenta de otros movimientos revelados durante los últimos meses. Documentación publicada por TN indicó que la AFA transfirió alrededor de US$8 millones a cinco empresas radicadas en Miami que actualmente están disueltas o inactivas y que, en algunos casos, no presentaban actividad operativa visible.
Dentro de esa investigación más amplia, TourProdEnter habría administrado US$260 millones y al menos US$42 millones habrían sido derivados a compañías bajo sospecha, según la hipótesis judicial citada por ese medio. Las cifras y responsabilidades deberán ser comprobadas dentro de los procesos abiertos y no constituyen por sí solas una declaración de culpabilidad.
La respuesta de la AFA y la incertidumbre sobre lo que viene
La AFA salió públicamente a rechazar las versiones que indicaban que Tapia y Toviggino habían sido citados personalmente a declarar o que la Justicia estadounidense les había secuestrado teléfonos celulares.
En un comunicado oficial, la entidad aclaró que la citación está dirigida a un tercero, a quien se le solicita documentación y comunicaciones vinculadas con diferentes personas. También sostuvo que no existe ninguna medida personal, obligación procesal ni orden de incautación contra su presidente o su tesorero.
La aclaración es relevante, pero no elimina el escenario de incertidumbre. La Justicia intenta establecer si la estructura comercial montada alrededor de los negocios internacionales de la Selección fue utilizada para cometer delitos dentro de Estados Unidos. Por el momento, no hay cargos formales contra Tapia, Toviggino, Faroni ni Lucero.
Un Gran Jurado no determina culpabilidad ni dicta una condena. Su función es escuchar testimonios, analizar documentos y decidir si existe causa probable suficiente para habilitar una acusación penal formal. También puede concluir que las pruebas no alcanzan y cerrar esta instancia sin presentar cargos.
El proceso se desarrolla a puertas cerradas y no tiene un plazo público establecido. Esa reserva impide conocer de inmediato quiénes declararon, qué documentación entregaron y cuál fue el contenido de sus testimonios. Solo una eventual acusación permitiría conocer con mayor precisión el alcance de las pruebas reunidas.
La jornada marca, de todos modos, un salto en la investigación: los contratos de la Selección, las cuentas utilizadas y los vínculos entre la conducción de la AFA y TourProdEnter ya son examinados por fiscales y un Gran Jurado estadounidense. La gran incógnita es si la documentación alcanzará para transformar las sospechas en acusaciones penales.