En el último instante, cuando Fiscalía y Defensa se preparaban para plantear sus alegatos sobre el conmocionante caso de la chica que denunció a su padre y a su hermano por violarla y a su madre por protegerlos poniéndole un DIU para que no se embarazara, los acusados pidieron ampliar su declaración indagatoria. Y la juez Silvia Peña Sansó de Ruiz (Sala I, Cámara Penal) lo aprobó, pero los imputados salieron con un planteo insólito: pidieron que se llamara a declarar al ginecólogo riojano Carlos Martínez, preso en la cárcel de Chimbas, sospechado de cometer 15 abusos sexuales contra pacientes.

Según fuentes judiciales, los acusados le dijeron a la jueza que su testimonio era clave porque él les prometió que les ‘iba a dar vuelta la causa’, explicándoles a todos por qué ellos estaban presos.

Tras la sorpresa, la fiscal Marcela Torres y la Asesora de la Niñez Laura Romarión, se opusieron terminantemente, porque ya había concluido la etapa para ofrecer testigos y porque a todas luces ese profesional era ajeno el caso.

Y al final todos terminaron complicados, porque la fiscal pidió 22 años de cárcel para el hombre, de 50 años, 20 para su hijo que tiene 22 y 12 para la madre, de 43 años.

Fiscalía dio por acreditado que el hombre comenzó a manosear y a obligar a su hija a practicarle sexo oral desde que tenía 9 años, que la violó a partir de los 13 y que la corrompió por lo habitual de las maniobras. También entendió probado que su hermano la violó desde los 12 y que repitió los violentos ultrajes hasta el momento en que la chica estalló y los denunció con 16 años, en enero de 2017, tras pasar por situaciones aún más traumáticas, pues quedó embarazada del joven cuando tuvo 15 años. Fue ahí que su mamá la sometió a maniobras domésticas para que abortara, hasta que perdió el feto con 3 meses de gestación. Entonces le hizo poner un DIU para que no se embarazara.

La defensora María Noriega cuestionó los argumentos de la fiscal y solicitó que sus clientes sean absueltos.